Desigualdad en América Latina: Un panorama crítico
América Latina enfrenta complejas paradojas. A pesar de su riqueza en recursos naturales, talento humano y creatividad, es la región más desigual del mundo. Dos personas concentran tanta riqueza como 334 millones de latinoamericanos, mientras millones de familias luchan por salir de la precariedad, resultado de un modelo económico que, aunque genera crecimiento, no fomenta la justicia social.
Chile: Estabilidad y alta desigualdad
Chile se encuentra en el epicentro de esta dualidad. Aunque es considerado una de las economías más estables de la región y presenta indicadores económicos positivos, también ostenta una de las tasas de desigualdad más altas de la OCDE. El 1% más rico de Chile concentra una proporción desmesurada del ingreso nacional. Esta situación es consecuencia de decisiones políticas que favorecen un sistema fiscal regresivo, con exenciones que benefician principalmente al capital y una estructura tributaria que carga más al consumo que a la riqueza.
Informe de Rumbo Colectivo sobre justicia fiscal
Recientemente, la fundación Rumbo Colectivo divulgó el informe Así recauda Latinoamérica: reflexiones sobre justicia fiscal y redistribución desde América Latina y el Caribe, donde se argumenta que la desigualdad en la región no es un accidente, sino el resultado de una arquitectura política cuidadosamente diseñada. Los Estados latinoamericanos han sido configurados para recaudar y redistribuir poco, dejando al gasto público la difícil tarea de compensar un modelo injusto y estructural.
Déficit en progresividad fiscal en Chile
Chile ha logrado avances significativos en la cobertura de servicios públicos, como educación, salud y seguridad social. Sin embargo, todavía presenta un déficit en progresividad fiscal. Más de la mitad de los ingresos públicos provienen de impuestos al consumo (IVA) y a la renta, lo que implica que los hogares de menores ingresos contribuyen proporcionalmente más que los millonarios del país.
El debate político sobre el gasto público
En el actual contexto electoral, el debate en Chile se ha centrado en el gasto público, especialmente tras las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast. Su equipo económico propone un ajuste fiscal de US$21.000 millones en un plazo de cuatro años, después de un primer recorte de US$6.000 millones en 18 meses. Según sus declaraciones, “no se tocará ningún gasto social”, y los recortes se realizarán en “malos gastos” o “ineficiencias”. Sin embargo, el exministro Mario Marcel alerta que más del 85% del presupuesto público ya está comprometido legalmente, lo que hace prácticamente imposible reducirlo sin afectar derechos sociales.
Impacto de los recortes en los derechos sociales
Estas propuestas sobre el gasto público reducen la noción de justicia fiscal a simples cifras. La idea de restar recursos al gobierno sin consecuencias es una falacia. El gasto fiscal financia desde pensiones hasta la educación y la salud pública, actuando como un soporte del pacto democrático. Los ajustes sin lógica redistributiva son decisiones políticas que tienen un impacto humano directo y pueden resultar en un retroceso en bienestar social.
Lecciones de la historia latinoamericana
La experiencia de otros países latinoamericanos demuestra que avanzar en justicia fiscal requiere ampliar la base tributaria y gravar las rentas altas. Aquellos que entendieron la política fiscal como una política de derechos han logrado estabilizar y legitimar sus democracias. Para Chile, observar el contexto regional implica aprender de quienes han reconocido que la justicia fiscal es fundamental para la democracia.
Así, en un momento donde los recortes son alabados y el Estado es cuestionado, es importante recordar que no hay desarrollo sin redistribución. El gasto público no representa un obstáculo para el crecimiento, sino una condición esencial para el mismo.
Sin una distribución equitativa, el desarrollo se convierte en una ilusión, una promesa que brilla en los números macroeconómicos pero se desvanece en la vida cotidiana.
