Suspensión de altos mandos militares en Colombia
La Procuraduría General de Colombia ha decidido suspender de manera provisional a Juan Miguel Huertas, general y comandante de personal del Ejército, así como a Wilmar Mejía, director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta medida se enmarca en una investigación que busca indagar sobre supuestos vínculos entre ambos funcionarios y las disidencias de las extintas FARC. La decisión se produce después de la divulgación de correos electrónicos y chats que apuntan a la posible filtración de información relacionada con operativos militares.
Detalles de la investigación
Según el documento de suspensión, firmado por los tres procuradores delegados de la sala disciplinaria de instrucción, “las circunstancias conocidas permiten colegir que Huertas y Mejía comprendían el alcance de sus acciones”. La Procuraduría argumenta que la permanencia de estos altos mandos en sus puestos podría interferir en la investigación sobre “gravísimos hechos que han generado zozobra en el país”. Además, su continuidad podría facilitar el acceso a información reservada y, por ende, permitirles seguir con conductas reprochables.
Reacciones del Gobierno y el ministro del Interior
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha declarado que el procurador Gregorio Eljach debe tener evidencia suficiente para justificar la suspensión y que se debe respetar su decisión. Sin embargo, Benedetti recordó que el presidente Gustavo Petro había expresado en redes sociales su duda sobre la veracidad de los chats filtrados y la necesidad de analizar la cadena de custodia de la información. En una posterior declaración a la prensa, el ministro comentó que se sentía “un poco en frío” respecto a la situación.
Las acusaciones reveladas
Las revelaciones sobre los presuntos vínculos entre Huertas, Mejía y las disidencias fueron publicadas por Noticias Caracol. Las acusaciones incluyen la filtración de detalles sobre operativos militares y la facilitación de desplazamientos seguros para líderes del grupo EMBF, dirigido por Alexander Díaz alias Calarcá. También se menciona una posible colaboración para establecer una empresa de seguridad privada para “legalizar” operativos en caso de que fracasaran las negociaciones de paz. Las pruebas recaen en correos electrónicos y chats capturados de dispositivos electrónicos incautados en un operativo realizado el 23 de julio en Anorí, Antioquia.
Acciones de la Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación ha abierto una investigación sobre la “posible cooptación” de Huertas y Mejía por parte del grupo de disidencia. Se ha informado que los datos filtrados a la prensa estaban en manos de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín), y que una fiscal especializada de Medellín ha recibido información sobre el caso. Ante las críticas por la falta de acción, la Fiscalía ha señalado que no había recibido reportes o copias de la información recaudada en los últimos 16 meses.
Posturas del presidente y el ministro de Defensa
El presidente Gustavo Petro ha cuestionado las acusaciones, calificando los informes como falsos y sugiriendo que existen intereses detrás de ellos. Afirmó que están involucradas instituciones internacionales, como la CIA. En una reunión del Consejo de Ministros, anunció que se realizaría un examen forense de los chats y correos antes de decidir sobre el futuro de Huertas y Mejía.
Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, subrayó la apertura de una investigación al tiempo que remarcó que cualquier individuo que incumpla con su deber constitucional sería investigado con seriedad. Tras las declaraciones del presidente, el ministro aclaró que el general Huertas permanecería en las Fuerzas Militares hasta que se esclareciera su implicación en el caso. El director de la DNI, Jorge Lemus, también negó cualquier conocimiento sobre la relación de Mejía con Calarcá, defendiendo su inocencia.
Perfil de los acusados
Juan Miguel Huertas fue obligado a retirarse durante la administración de Iván Duque, pero fue reintegrado por Petro en agosto de 2023. Su papel en la fuerza pública ha sido significativo, especialmente tras su reciente designación como jefe del Comando de Personal del Ejército. Huertas ha descalificado las acusaciones como una “fabricación malintencionada”.
Wilmar Mejía, por otro lado, ocupa el cargo de director de Inteligencia Estratégica de la DNI. En entrevistas recientes, sugirió la existencia de un “plan sistemático de desinformación” en contra de la comunidad de inteligencia, y afirmó que el presidente tiene el derecho a defender a sus colaboradores.
