Después de llevar a cabo una serie de siete bombardeos en el Mar Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban drogas, el Gobierno de Donald Trump ha ampliado su estrategia militar, realizando operaciones similares en el Océano Pacífico, incluida una cerca de las costas colombianas. Las acciones de las fuerzas armadas estadounidenses han sido justificadas como parte de la lucha contra el terrorismo, vinculando el narcotráfico como una de sus principales fuentes de financiación. Este enfoque ha suscitado dudas sobre la legalidad de las intervenciones en América Latina y el Caribe.
En agosto de 2025, Trump anunció el inicio de la operación Iron Tide, cuyo objetivo declarado es desmantelar los carteles narcoterroristas en el hemisferio, con un enfoque particular en Venezuela. Como parte de esta estrategia, se ordenó el despliegue de 400 marines, buques anfibios y al menos tres buques de guerra en el Mar Caribe, justificando la acción bajo el pretexto de perseguir al Cartel de los Soles, presuntamente liderado por el presidente Nicolás Maduro.
Aunque no se registraron ataques de inmediato, el movimiento de estas fuerzas generó polémica. La tensión aumentó el 2 de septiembre, cuando Trump publicó un video en sus redes sociales mostrando una lancha explotando tras ser bombardeada. En este contexto, afirmó que la acción resultó en la muerte de once personas vinculadas al tren de Aragua, una banda vinculada al narcotráfico en Venezuela.
El ciclo de bombardeos en el Caribe continuó en fechas sucesivas, con ataques reportados el 15 y 19 de septiembre, así como el 3, 14, 16 y 17 de octubre. Según información proporcionada por fuentes estadounidenses, se han confirmado 34 muertos y se han identificado a dos sobrevivientes, un colombiano, Jeison Obando, y un ecuatoriano, Andrés Tufiño. Sin embargo, se carece de detalles sobre la localización exacta de los ataques y las identidades de las víctimas, de las que se presume que son en su mayoría venezolanas y algunas colombianas.
El despliegue militar se intensificó el 22 de octubre, cuando el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, anunció que se habían bombardeado dos lanchas en el Océano Pacífico, una frente a las costas de Colombia, resultando en cinco muertos no identificados.
Marco del derecho internacional
El derecho internacional público prohíbe el uso de la fuerza, un principio que también es considerado una norma de Ius Cogens. La Carta de la ONU de 1945 establece, sin excepciones, que solo son permitidas la legítima defensa y la autorización del Consejo de Seguridad. La necesidad de la defensa legítima debe ser inmediata y proporcional a un ataque armado, mientras que cualquier autorización del Consejo de Seguridad necesita el consenso de sus miembros permanentes: EE. UU., Rusia, Francia, Inglaterra y China.
EE. UU. ha clasificado sus objetivos como “narcoterroristas”,citando la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2001, que reconoce el narcotráfico como fuente de financiamiento del terrorismo. Sin embargo, aun en este contexto, el uso de la fuerza está limitado a situaciones excepcionales, donde no se puedan explorar vías pacíficas antes de actuar. Bombardear embarcaciones, sin importar si transportan narcóticos, no se alinea con las convenciones internacionales sobre el uso de la fuerza.
Las muertes resultantes de estos bombardeos se considerarían homicidios o ejecuciones extrajudiciales, contraviniendo principios fundamentales como el debido proceso y la presunción de inocencia. Aun si las embarcaciones se sospechara que transportaban drogas, los ocupantes tienen derecho a un debido proceso, lo que incluye la captura, el procesamiento y, de ser necesario, la extradición. Estos procedimientos son esenciales para garantizar el acceso a la justicia.
Adicionalmente, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 establece que la jurisdicción sobre actividades criminales en aguas internacionales recae en el estado del pabellón del barco o en el estado soberano implicado. En este contexto, Colombia, Ecuador y Venezuela son los estados responsables de abordar la situación.
Desafíos geopolíticos en América Latina
La identificación de estos hechos es fundamental para abordarlos desde el marco del derecho internacional vigente, lo que posibilita la formulación de respuestas diplomáticas ante la falta de apego de EE. UU. a estas normas. Asimismo, es crucial que la problemática de la intervención militar no se limite a Venezuela o Colombia, sino que involucre a todos los pueblos de América Latina y el Caribe, promoviendo diálogos regionales que permitan alcanzar consensos frente a la potencia del norte.
El combate al narcotráfico y al terrorismo es indiscutible; sin embargo, la crítica situación humanitaria en la región no puede ser un pretexto para transgredir el derecho internacional. La respuesta no debe ser la fuerza, sino una diplomacia basada en la colaboración y los intereses comunes de los países latinoamericanos.
Desde el punto de vista jurídico, si bien EE. UU. difícilmente puede ser llevado ante tribunales internacionales debido a su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, esto no excluye la posibilidad de diálogos bilaterales, la cooperación a través de bloques o el uso de intermediarios internacionales. El reto es que solo EE. UU. puede contener sus propias acciones. Por ende, América Latina también debe explorar opciones legales dentro del sistema judicial estadounidense, como el uso del ATCA (Alien Torts Claims Act) para reivindicar derechos conforme al derecho internacional.
