Demoras en la Extradición en Colombia Bajo el Gobierno de Gustavo Petro

La Fiscalía colombiana enfrenta una inusual lentitud en el procesamiento de solicitudes de extradición que recibe de distintos países. Esta situación ha llevado a que el presidente Gustavo Petro mantenga en su despacho numerosos casos, todos ellos con la aprobación de la Corte Suprema de Justicia. A pesar de que Colombia tiene un alto índice de extradiciones, los tiempos de decisión se han vuelto irregulares, lo que afecta su cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Esta dinámica ha sido motivo de tensión entre Petro y el expresidente Donald Trump, quien ha incluido al mandatario colombiano en una lista de sancionados por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Extradiciones en Números

En el primer semestre de 2024, Colombia realizó 154 extradiciones, 84 de las cuales están asociadas a delitos vinculados al narcotráfico, y 94 de estas fueron hacia Estados Unidos. Si bien en 2023 se registraron 264 extradiciones, la cifra más alta desde 2015, el proceso se ha vuelto más complejo, especialmente para casos de grandes capos que se encuentran estancados en el Ejecutivo.

Camino hacia la Cooperación Judicial

Al inicio del gobierno de Gustavo Petro, con Néstor Osuna como ministro de Justicia, se impulsó la cooperación judicial. Durante 2023, el tiempo promedio reducido entre la aprobación de la Corte Suprema y la firma presidencial era de una a dos semanas. Sin embargo, este plazo ha aumentado significativamente, lo que ha generado preocupación entre fiscales y abogados involucrados en los procesos de extradición.

Casos Notorios que Enfrentan Retrasos

Uno de los casos más emblemáticos es el de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como Larry Changa, segundo al mando del grupo venezolano Tren de Aragua. Aunque la Corte autorizó su extradición en 2025, su firma presidencial se sigue esperando tras cinco meses de demora. Esta situación se debe a las solicitudes de extradición que llegaron de Chile y Venezuela, lo que complicó su transferencia.

También destaca el caso de Giovanny Andrés Rojas, alias Araña, líder de los Comandos de la Frontera. Capturado en Bogotá en febrero de 2024, se encuentra en una situación incierta debido a su papel como gestor de paz. La extradición solicitada por Estados Unidos se congeló ante la presión de otros delegados del grupo armado, que condicionaron la continuidad de las negociaciones a su permanencia en Colombia.

De igual forma, el caso de Willington Henao, conocido como Mocho Olmedo, resalta por su vinculación con las disidencias de las FARC. Aunque su extradición a Estados Unidos fue aprobada en mayo de 2024, el gobierno suspendió la orden en julio. Adicionalmente, el caso de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, jefe de la banda criminal de La Inmaculada, también permanece en espera de la firma presidencial tras la aprobación de la Corte el 12 de noviembre.

Con el creciente conflicto entre Petro y Trump, junto con la necesidad de mostrar resultados en el marco de la política de paz total, es incierto si se reactivarán estas extradiciones en el corto plazo.