En un hecho sin precedentes desde su asunción a la Casa de Nariño en agosto de 2022, el presidente Gustavo Petro se enfrentó a una intensa protesta de organizaciones sociales. Durante cuatro días, cientos de manifestantes de la Cumbre Nacional Popular (CNP) acamparon y bloquearon vías en varias localidades del país, demandando el cumplimiento de promesas relacionadas con el acceso a la tierra, políticas de vivienda y protección ante grupos paramilitares.
Acuerdo Tras Cuatro Días de Protestas
El asesor presidencial, Víctor de Currea Lugo, anunció el acuerdo que dio fin a la movilización en la noche del viernes: “Coincidimos en la necesidad de ahondar en las reformas sociales, en el derecho legítimo a la protesta y en reformas de orden constitucional”, afirmó en un video. Esta movilización, que reunió a alrededor de dos mil personas que llegaron a Bogotá desde el lunes, comenzó en la Universidad Nacional, pero las causas del descontento permanecen sin resolver, mostrando así que una parte del movimiento social busca una mayor autonomía respecto al Ejecutivo, lo que les brinda poder para presionar en las negociaciones.
Movilizaciones Significativas en Bogotá
Bogotá no había presenciado movilizaciones sociales de tal magnitud desde 2021. La CNP, junto al movimiento Congreso de los Pueblos, que abarca diversas organizaciones sociales, demostró que hay sectores con agendas independientes. Esteban Romero, vocero de la CNP, expresó que estas acciones tienen su origen en un encuentro realizado a finales de septiembre, donde se acordaron una serie de demandas políticas y sociales, incluyendo la democratización del suelo urbano y la necesidad de una reforma integral en las ciudades.
La Respuesta del Gobierno
Mientras los manifestantes tomaban el control en Bogotá, en otros lugares como Socorro, Santander, y La Delfina, Valle del Cauca, se produjeron bloqueos de vías. En la carretera Cali-Buenaventura, uno de los principales ejes de comercio del país, se reportaron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. Así, el Congreso del Pueblo denunció el uso de armas de fuego por parte de la fuerza pública y acusó el ataque contra la guardia indígena. La Gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, cuestionó la legitimidad de quienes bloqueaban la vía.
Declaraciones Controversiales
La situación generó una creciente tensión en un gobierno que, en principio, contaba con el respaldo del movimiento social. El miércoles, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que “hay estructuras criminales detrás de estas protestas”, lo que enfureció a los manifestantes, que estaban en diálogo con su ministerio. Posteriormente, tanto la oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia como la Defensoría del Pueblo criticaron estas afirmaciones, señalando que son inconsistentes con el compromiso del gobierno de no estigmatizar a los movimientos sociales.
Tensión y Diálogo
A pesar de la creciente tensión y la falta de retractación del ministro Benedetti, las conversaciones continuaron. El anuncio del presidente sobre una supuesta censura en su contra contrastó con un comunicado del Departamento Administrativo de la Presidencia que se comprometía a prevenir la estigmatización de la protesta social. Sin embargo, para Romero, esto evidencia una clara criminalización de la protesta social que no está alineada con la agenda del gobierno.
Marcha Frente a la Embajada de Estados Unidos
El viernes, se produjo una confrontación en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos, donde una marcha en apoyo a Palestina terminó en disturbios entre la Policía y manifestantes. Mientras tanto, los representantes del movimiento social dialogaban con delegados del gobierno,y la urgencia de alcanzar un acuerdo se hizo evidente ante la posibilidad de que la violencia escalara.
Acorde Final y Futuro de la Protesta
Antes de las ocho de la noche, se firmó un acta que estableció un espacio permanente de interlocución entre el gobierno y el movimiento social, así como un cronograma de mesas de trabajo que comenzará el 20 de octubre. Las delegaciones acordaron desmantelar los campamentos tras una asamblea pública para reflexionar sobre los eventos recientes. La siguiente semana es crucial, ya que coincide con la consulta popular para definir candidatos presidenciales y listas al Congreso del Pacto Histórico. Las repercusiones de esta semana y la capacidad del gobierno para cumplir sus promesas siguen siendo inciertas.
La Voz de los Líderes Sociales
La Defensoría del Pueblo también ha interpelado a figuras como el gobernador de Santander, quien no se ha retractado por sus comentarios sobre la protestas, los que para algunos justifican la violencia contra los líderes sociales. Erika Prieto, activista de derechos humanos, destaca que este tipo de afirmaciones alimentan la violencia y subraya la necesidad de garantías para los líderes y movimientos sociales en el país.
