Decretos desafiantes de Gustavo Petro marcan el inicio del ciclo electoral

En un giro notable de sus políticas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha emitido en las últimas tres semanas varios decretos que evidencian su postura desafiante ante distintos poderes del país, como el Congreso de la República, los gremios empresariales y las altas Cortes. Estas decisiones se producen justo al inicio del ciclo electoral, momento en el cual busca consolidar su conexión con las bases populares que lo eligieron, esperando su apoyo en las próximas elecciones legislativas y en el proceso de elección de su candidato presidencial.

Medidas económicas y laborales

Una de las primeras acciones de Petro fue la declaración de emergencia económica para implementar una ambiciosa reforma tributaria por decreto. Esta medida se adoptó a pesar de que la mayoría del Legislativo había rechazado anteriormente dicho proyecto. La reforma busca recaudar al menos 11,1 billones de pesos de los 16,3 billones que se requieren para completar el presupuesto de 2026, lo que ha generado tensiones con gobernadores y alcaldes, quienes advierten que esta carga tributaria reducirá los presupuestos locales destinados a salud, educación y deporte.

Entre otros aspectos controvertidos, el aumento del salario mínimo en un 23% para aproximadamente dos millones y medio de trabajadores formales ha suscitado críticas. Este incremento, que supera notablemente la propuesta gremial del 7% y la solicitud de los sindicatos del 16%, se justificó bajo el argumento de asegurar un mínimo vital para los trabajadores, aunque ignora advertencias sobre inflación y desempleo. Expertos indican que será el Consejo de Estado quien deberá validar la legalidad de esta medida, que ha generado un fuerte rechazo entre los sectores empresariales organizados.

Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente

La propuesta de Petro para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente ha sido especialmente polémica. La reciente inscripción de un comité para recolectar firmas, compuesto por ministros y exministros, ha suscitado críticas sobre la legitimidad del proceso electoral, pues contrasta con las promesas anteriores de Petro de no modificar la Constitución de 1991, creada con la participación de su movimiento político. La coalición de derecha, que incluye a varios candidatos presidenciales, ha manifestado su oposición, afirmando que buscar una constituyente en medio de una campaña electoral genera polarización e incertidumbre en las instituciones.

Reducción del salario de los congresistas

En otra de susmovidas, Petro decretó la reducción del salario de senadores y representantes a la Cámara, eliminando las millonarias primas de servicio. Aunque esta decisión ha recibido menos resistencia, algunos legisladores critican el método adoptado por el presidente, quien durante su tiempo en el Congreso también percibió dicho beneficio sin cuestionamientos.

Reacciones y consecuencias

Las acciones del presidente han levantado dudas sobre la falta de consenso y diálogo que había prometido al inicio de su mandato. En este contexto, una exfuncionaria del Ministerio de Hacienda renunció debido a desacuerdos con un decreto que buscaba forzar a los fondos privados de pensiones a repatriar inversiones al país. Su carta de renuncia pone de manifiesto las preocupaciones sobre la falta de consideración a largo plazo en la búsqueda de una justicia económica, con un reclamo por abordar estas problemáticas de manera responsable.

En definitiva, las decisiones de Gustavo Petro parecen reflejar una estrategia deliberada para aumentar la confrontación con el Congreso y otros actores sociales mientras se acerca la campaña electoral, una táctica que podría ofrecerle importantes réditos políticos en los próximos meses.