Este lunes, el Gobierno colombiano, bajo la dirección de Gustavo Petro, declaró la emergencia económica en el país. La noticia fue adelantada el pasado viernes por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y formalizada tras tres días de deliberaciones. Esta medida permite al Ejecutivo implementar acciones que normalmente requerirían la aprobación del Congreso.
Según el decreto emitido, la situación fiscal de la nación ha alcanzado niveles críticos debido a una serie de hechos económicos inesperados que impactan las finanzas del Estado. La emergencia económica permite al Gobierno, dentro de un plazo de 30 días, adoptar medidas específicas, como la creación de nuevos impuestos, lo cual ha generado críticas de la oposición y del sector empresarial que argumentan que es inconstitucional emplear un estado de emergencia para introducir reformas tributarias previamente rechazadas por el Legislativo.
Razones detrás de la declaración de emergencia
El decreto identifica ocho motivos justificativos para la declaración de emergencia, los cuales están sujetos a debate. El primer argumento es el cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional que obliga al Gobierno a reconocer el aumento en los gastos de salud que se giran anualmente a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Se estima que, para 2026, esto requeriría un gasto adicional de aproximadamente 3,3 billones de pesos (casi 1.000 millones de dólares).
El segundo motivo es la necesidad de incrementar el gasto en seguridad, ante “recientes alteraciones del orden público”. Esto incluye un billón de pesos adicionales para la Unidad Nacional de Protección, encargada de garantizar la seguridad de personas en riesgo y otros 2,7 billones para mejorar la infraestructura y tecnología de la Fuerza Pública.
El tercer argumento se refiere a la negativa del Congreso a aprobar reformas tributarias solicitadas por el Ejecutivo en años anteriores. Aunque el Legislativo tiene la facultad de rechazar los proyectos de ley, el decreto no especifica los gastos adicionales que esta negativa genera.
El cuarto motivo mencionado involucra los desastres naturales ocasionados por la actual ola invernal, citando específicamente el terremoto en Paratebueno, que tuvo lugar en junio. Esto podría requerir un gasto de otros 0,5 billones de pesos.
Dentro de los otros motivos, se destacan las sentencias judiciales pendientes de pago, que se estiman en más de 1,5 billones de pesos, y las obligaciones adquiridas antes del actual gobierno, que incluyen subsidios para el consumo de electricidad y gas y compensaciones a víctimas del conflicto armado.
Otro factor que resalta es la imposibilidad del Gobierno de aumentar su endeudamiento, así como las “cláusulas derivadas de las medidas unilaterales del gobierno de los EE.UU.”, además de las restricciones de liquidez enfrentadas por el Estado.
Implicaciones y próximos pasos
La argumentación presentada es crucial para que la Corte Constitucional valide la emergencia, la cual ha comenzado su receso desde el pasado viernes. La Constitución establece que las emergencias solo pueden declararse ante una “alteración grave e intempestiva” de la economía, lo que ha sido cuestionado por varios analistas.
Históricamente, la Corte ha tardado en tomar decisiones respecto a emergencias. En un caso anterior relacionado con La Guajira, la Corte se tomó más de cuatro meses para pronunciarse. En situaciones como el Catatumbo, los plazos superaron los tres meses. Esto significa que, aunque el Ejecutivo avanza rápidamente en sus decretos, las decisiones judiciales pueden extenderse significativamente.
Aunque no se han definido medidas específicas aún, el presidente ha manifestado su intención de aumentar los ingresos fiscales a través de impuestos dirigidos a los sectores más adinerados. Se ha discutido un anteproyecto que incluye posibles aumentos en el gravamen a movimientos financieros, ampliaciones del impuesto al patrimonio y ajustes en los impuestos a productos nocivos como licores, cigarrillos y juegos de azar. Además, Petro ha sugerido una reducción de salario para los congresistas como parte de la emergencia económica.
Ante esta situación, han surgido peticiones para que la Corte Constitucional se reúna durante la vacancia judicial, a fin de resolver pronto la situación. Independientemente de la decisión, el panorama para la próxima Navidad y el fin de año parece estar marcado por la incertidumbre, nuevos impuestos y los desafíos económicos que enfrentará Colombia en un contexto político complejo.
