Emergencia Económica en Colombia: Nuevas Decisiones del Gobierno de Gustavo Petro
Estado de Emergencia
El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha anunciado la declaración de un estado de emergencia económica, lo que le permite tomar decisiones que normalmente necesitan la aprobación del Congreso, incluyendo la imposición de nuevos impuestos. Desde la oposición y diversos analistas, han surgido críticas que argumentan que esta medida no cumple con las exigencias establecidas por la Constitución de 1991, además de buscar suspender el sistema de pesos y contrapesos. A pesar de las controversias, el Ejecutivo continúa defendiendo su decisión.
En el año 2023, se vivió una emergencia económica en La Guajira, y a principios de este año, un estado de conmoción interior tras las violentas acciones del ELN en Catatumbo. Ahora, el anuncio del nuevo estado de emergencia llega en un momento crítico, coincidiendo con el inicio del período de vacaciones de la Rama Judicial, lo que eleva la tensión política en el país, especialmente a medida que se acercan las elecciones nacionales del próximo semestre.
Anuncio de la Emergencia
La confirmación de la emergencia se produjo durante una rueda de prensa el pasado viernes, dirigida por Germán Ávila, Ministro de Hacienda. Ávila, economista y viejo compañero de Petro en el M-19, confirmó la decisión de que se está “terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica”, justificando que es consecuencia de un “desequilibrio financiero” causado por el propio Legislativo.
El ministro se refirió a dos acciones recientes del Congreso: la aprobación de un presupuesto desfinanciado y el rechazo a una ley que contemplaba una reforma tributaria para cubrir un faltante de 16,3 billones de pesos. Ávila argumentó que hay situaciones urgentes que requieren atención inmediata, como la orden de la Corte Constitucional sobre el aumento del dinero que el Estado paga anualmente a las aseguradoras de salud, lo cual genera un déficit de 3,3 billones de pesos.
Justificaciones del Gobierno
Entre otras razones mencionadas por el presidente Petro, se encuentra la caída de los precios del petróleo y la necesidad de adquirir equipamiento militar para frenar las acciones del narcotráfico. Aumentar los fondos para subsidios eléctricos y financiamiento de sistemas antidrones también fue parte de la argumentación presentada.
Hasta el momento, las justificaciones son limitadas y el Gobierno deberá presentar un decreto formal que declare la emergencia. Este documento requerirá la firma de todo el gabinete ministerial y podría demorarse en su publicación. La falta de esta formalidad no impide que el Gobierno implemente otras medidas a través de distintos decretos.
Posibles Medidas Fiscales
En relación a las decisiones a implementar, Ávila mencionó que se buscará obtener nuevos recursos siguiendo el mismo esquema de la fallida ley de financiamiento, que intentaba captar impuestos similares a los que ahora se proponen. Informes recientes sugieren que se ha elaborado un borrador de decreto que incluye un aumento del 0,4% al 0,5% en el gravamen a movimientos financieros y la ampliación del impuesto al patrimonio para riquezas superiores a 2.000 millones de pesos, con tasas de hasta el 5%.
Además, se planean incrementos en los impuestos sobre el consumo de licores, cigarrillos y juegos de azar en línea. El presidente también ha mencionado la posibilidad de bajar los salarios de los congresistas como medida adicional en medio de la emergencia.
Impacto y Perspectivas
Este llamado a la emergencia no solo tiene implicaciones legales, sino que también refuerza el discurso del Gobierno sobre los bloqueos institucionales que impiden la implementación de su programa. Si la Corte Constitucional decide en contra de la declaración, la situación fiscal del país podría complicarse aún más, aumentando la deuda y comprometiendo la sostenibilidad económica.
A modo de referencia, en ocasiones previas, como la emergencia en La Guajira y Catatumbo, el tiempo de respuesta de la Corte fue extenso, permitiendo que los decretos permanecieran vigentes pese a sus decisiones posteriores.
Con la llegada de 2025, es probable que se implementen aumentos de impuestos, y se espera que la dinámica política siga influyendo en la recolección fiscal en los meses venideros.
