Las redes de corrupción suelen tener un centro operativo, donde se entrelazan las operaciones ilícitas, especialmente en el tráfico de dinero. En la red liderada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México y actualmente sentenciado en Estados Unidos por narcotráfico, ese núcleo es Nunvav Inc. Más de la mitad de la fortuna que García Luna desvió del Gobierno mexicano fue canalizada a través de esta empresa, dispersando fondos a múltiples destinos tanto en el país como en el extranjero. Esta semana, María Vanessa Pedraza Madrid, apoderada legal de Nunvav y excolaboradora de García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), fue arrestada. Se le acusan de blanqueo de recursos y delincuencia organizada y permanecerá en el penal femenil federal de Morelos, a la espera de juicio.
Acciones del Gobierno de México para recuperar fondos
Bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México ha iniciado un litigio en tribunales estadounidenses para recuperar la fortuna acumulada por García Luna a través del expolio del erario. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de combatir el lavado de dinero, sostiene que esos recursos pertenecen legítimamente a México, pues fueron obtenidos mediante contrataciones fraudulentas. La demanda fue interpuesta en Florida, lugar donde García Luna consolidó su riqueza. La UIF no solo señala a García Luna, sino también a decenas de socios, prestanombres y empresas involucradas en este extenso esquema de corrupción, incluyendo a Nunvav, constituida en Panamá en 2005 por los empresarios Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Natan Wancier Taub, quienes actuaron como testaferros del exfuncionario.
Contrataciones fraudulentas y desvíos de recursos
La UIF identificó al menos 30 contratos públicos adjudicados a la red de García Luna entre 2009 y 2018. Según los documentos judiciales de Florida, la cantidad total desviada asciende a 745,4 millones de dólares, provenientes de instituciones como la Policía Federal y la Secretaría de Gobernación (Segob). De esta cifra, 466,4 millones de dólares (62 %) fueron a parar a las cuentas de Nunvav a través de 26 contratos simulados. La mayoría de estos desvíos tuvo lugar durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), bajo la supervisión de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces titular de la Segob, quien era considerado un colaborador cercano de Peña Nieto.
Los contratos otorgados a Nunvav abarcaban diversas finalidades, como la adquisición de tecnología de comunicación, la creación de plataformas para la seguridad nacional y la mejora de equipos en prisiones. También se realizaron desvíos menores en la última etapa del gobierno de Calderón, cuando María Pedraza ya formaba parte de la SSP.
Conexiones con el crimen organizado
La acusación de la Fiscalía contra Pedraza indica que Nunvav no solo blanqueó recursos públicos, sino también dinero del crimen organizado, coincidiendo con la sentencia de García Luna a 38 años de prisión en EE.UU. por su colaboración con el Cártel de Sinaloa. Documentos de la UIF revelan que Nunvav facilitó el envío de fondos a cuentas en el extranjero y a empresas vinculadas, además de socios y amigos de García Luna. Esto incluye depósitos en firmas como Delta Integrator LLC, que sirvieron para la compra de propiedades en EE.UU.
La búsqueda de justicia en el sistema financiero
La acusación mexicana establece que Nunvav fue la principal contratista en el esquema de corrupción gubernamental y un conducto para la canalización de recursos a otras empresas implicadas. La UIF sostiene que los Weinberg utilizaron a Nunvav para pagar sobornos desde 2006 a García Luna y su segundo al mando, José Francisco Niembro González, a cambio de contratos estatales, contabilizando al menos 76 pagos que superan los 10 millones de dólares.
Los depósitos a Nunvav se realizaron a través de diferentes bancos, incluyendo Occidental Bank Barbados y BBVA Bancomer. Sin embargo, la empresa también tenía cuentas en Banamex y Monex, así como otros testaferros que usaban distintos bancos para blanquear dinero. Recientemente, el Gobierno de México revocó la licencia de CIBanco por su implicación en el lavado de recursos, evidenciando cómo el sistema financiero nacional e internacional facilita estos mecanismos de corrupción.
El Gobierno de México enfrenta una dura batalla para recuperar los fondos que considera legítimamente suyos, mientras que Estados Unidos busca retenerlos. Hasta ahora, solo se ha recuperado una mínima parte de los recursos desviados. La dinámica permite que los corruptos mantengan su riqueza en EE.UU., mientras México lucha por recuperar lo que le pertenece.
