**El ascenso y consolidación del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua**
Daniel Ortega volvió al poder en Nicaragua en 2007 a través de elecciones que prometían un cambio respecto a su pasado como guerrillero en los años 80. Con una serie de pactos y promesas, el antiguo líder sandinista se presentó como un político renovado, dejando atrás las confrontaciones que marcaron su historia, especialmente durante su oposición a la presidenta Violeta Chamorro.
A lo largo de 17 años, Ortega transitó de un enfoque radical a uno más conciliador, disculpándose por los errores de la revolución sandinista y adaptándose a un contexto político moderno. Abrazó leyes de mercado y mostró un aparente respeto hacia la prensa y la división de poderes del Estado. Su cambio de imagen incluyó un acercamiento a la Iglesia Católica, incluso casándose con su esposa, Rosario Murillo, en una ceremonia organizada por su antiguo rival, el arzobispo Miguel Obando.
Murillo asumió un papel protagónico en la campaña electoral que resultó en la victoria de Ortega en 2007, transformando la imagen del FSLN con colores llamativos y un discurso optimista que evocaba los ideales de los años sesenta. Sin embargo, tras esta fachada de democracia, construyeron un régimen caracterizado por una creciente opresión, ataques a medios de comunicación y un cuestionable abuso del poder.
La situación tomó un giro crítico en 2018, cuando surgieron protestas en Nicaragua contra una ley de Seguro Social que afectaba a los jubilados. Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas rápidamente escaló en violencia. La respuesta del régimen de Ortega y Murillo fue feroz: motorizados armados y grupos de choque atacaron a los manifestantes, resultando en la muerte de más de 356 personas. Esta represión, inicialmente selectiva, se generalizó y la dictadura empezó a utilizar el argumento de un supuesto golpe de Estado promovido por Estados Unidos como justificación para su accionar represivo.
A pesar de haber sufrido un fuerte desgaste en su apoyo popular tras las elecciones fraudulentas, Ortega y Murillo lograron mantener el control mediante un férreo aparato represor. Las elecciones de 2021 significaron una nueva etapa en su consolidación autoritaria, con la detención de líderes de la oposición y críticas masivas a la Iglesia Católica, a la que consideraron un adversario. En 2023, un intento de liberalización de presos políticos se vio seguido de medidas contra aquellos que anteriormente habían apoyado las protestas.
Además, las reformas constitucionales de 2025 consolidaron el poder de Rosario Murillo, quien ahora se considera copresidenta, mientras que Ortega, cada vez más debilitado, se prepara para ceder el mando. Sin embargo, su administración se enfrenta a un creciente aislamiento internacional y a la falta de recursos que la ponga en la mira de acciones externas, a diferencia del caso venezolano.
Las recientes tensiones regionales, incluyendo la captura de Nicolás Maduro, han llevado a Murillo a moderar su retórica y a liberar a ciertos presos políticos, aunque no sin antes encarcelar a otros en un ciclo de represión incesante. La inestabilidad económica del país, que depende en gran medida de las remesas de los nicaragüenses en el exterior, complica aún más la situación.
Mientras el régimen continúa consolidándose mediante tácticas de terror y control, el futuro de Nicaragua permanece incierto, atrapado en un ciclo de crisis política y social.
