El Congreso Nacional de Argentina había votado a favor de la ley de emergencia en discapacidad con un amplio consenso. Sin embargo, el presidente Javier Milei había vetado la norma. A pesar de este obstáculo, los legisladores volvieron a respaldar la ley, rechazando la objeción presidencial. A lo largo de este tiempo, el Gobierno optó por no aplicar la ley, que busca restituir parte de los recursos que Milei había recortado. Finalmente, tras una orden judicial que obligó al Ejecutivo a cumplir con la ley, se reglamentó esta nueva normativa el pasado miércoles. Aun así, el Gobierno decidió apelar, buscando bloquear su implementación en los tribunales.
Detalles de la Ley de Emergencia en Discapacidad
El decreto emitido por Milei para activar la ley establece que se hace “sin reconocer hechos ni derechos, ni consentir, ni prestar conformidad con sus fundamentos”. Esta normativa declara la emergencia en discapacidad por un año, con opción a prórroga por otros 12 meses. Dentro de este marco, se establecen nuevas disposiciones para las prestaciones y pensiones dirigidas a personas con discapacidades, garantizando su financiamiento y previniendo la actualización periódica de estipendios y aranceles. También se contempla la regularización de las deudas acumuladas con proveedores, entre otras medidas esenciales.
Impacto de la Ley Frente a las Políticas del Gobierno
Al igual que la educación, la salud pública y las jubilaciones, la atención a la discapacidad fue uno de los sectores sacrificados por el Gobierno para alcanzar el superávit fiscal. El Ejecutivo ha intentado evitar la vigencia de esta ley desde su aprobación en julio pasado. Además del veto presidencial, que fue desestimado por una mayoría en ambas cámaras, el Gobierno trató de derogarla en el presupuesto para 2026, pero nuevamente se encontró con un rechazo parlamentario.
Intervención Judicial y Reacciones de la Comunidad
Luego de múltiples reclamos en tribunales por parte de afectados y sus familias, el juez federal Adrián González Charvay aceptó una acción de amparo colectivo. Declaró nula la suspensión de la ley, argumentando que esta medida violaba el mandato constitucional y que el Gobierno no podía fundamentar la falta de financiamiento. El juez ordenó la aplicación inmediata de la ley, estableciendo como fecha límite el 4 de febrero.
Valentina Bassi, actriz y madre de un adolescente con autismo, expresó su satisfacción por la reglamentación de la ley en sus redes sociales. “Ya tenemos ley reglamentada y no ley suspendida”, afirmó, y abogó por la reactivación de centros de atención que han cerrado, resaltando la urgente necesidad de servicios para las familias afectadas por estos recortes.
Controversias y Denuncias de Corrupción
A pesar de la reciente reglamentación, la Casa Rosada busca frenar la aplicación de la ley en los tribunales. La gestión del Gobierno en relación a las personas con discapacidades ha enfrentado críticas por los recortes de fondos y por denuncias de corrupción en el área. La controversia se ha intensificado tras la divulgación de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, que revelan la existencia de un presunto sistema de sobornos en la compra de medicamentos. Este caso aún está bajo investigación judicial.
