Milei cerrará la Agencia de Discapacidad tras escándalo de corrupción

Cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad en Argentina

El Gobierno argentino, bajo la dirección de Javier Milei, anunció este martes el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un organismo que ha sido central en un escándalo por presunta corrupción. Este movimiento implica que la gestión de las políticas de discapacidad y las pensiones por invalidez, un tema delicado que ha generado protestas en las calles, será asumida por el Ministerio de Salud. La información fue proporcionada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una rueda de prensa.

Razones detrás del cierre de Andis

Según Adorni, el principal motivo para disolver la Andis radica en su opacidad y «acumulación de capas burocráticas». Declaró que el organismo ha estado marcado por un «descontrol administrativo» y prácticas incompatibles con una política de transparencia. Con la transferencia de funciones al Ministerio de Salud, el Gobierno promete mejorar la trazabilidad en los expedientes y establecer auditorías permanentes.

Contenido de las auditaciones y críticas a la medida

Durante los últimos dos años, el Gobierno ha iniciado varias ofensivas contra la Andis, alegando diversas irregularidades. Entre las denuncias se encuentra la revelación de una pensión de invalidez otorgada a un solicitante que presentó una radiografía de un perro como prueba. En 2025, el Ejecutivo inició una revisión de las pensiones por discapacidad, suspender más de 1.000 beneficiarios. Sin embargo, un juez posteriormente ordenó la restitución de estas pensiones tras denuncias de irregularidades en la auditoría oficial.

Además, Adorni destacó la detección de casos problemáticos, como pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas y la entrega de pensiones sin documentación válida. Sin embargo, se abstuvo de hacer mención a la investigación judicial en curso que busca esclarecer la posible existencia de una red de sobornos en la compra de medicamentos, que se ubican bajo la lupa por sobreprecios que benefician a empresarios y políticos cercanos al Gobierno.

Escándalo por sobornos en compras de medicamentos

La causa judicial, que se originó en agosto, se basa en la filtración de audios del ex titular de la Andis, Diego Spagnuolo. En estos audios, se revelaba un esquema de sobornos relacionado con la compra de medicamentos a través de la droguería Suizo-Argentina. El monto recibido por la Andis por parte de esta droguería creció exponencialmente, de 3.898 millones de pesos en 2024 a 108.000 millones de pesos en 2025, lo que representa un aumento del 2.678%.

Spagnuolo ha implicado en la red a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, y a su subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem. Spagnuolo fue destituido y es uno de los imputados en la investigación liderada por el juez Sebastián Casanello, mientras que hasta el momento ni Karina Milei ni Menem han enfrentado acusaciones.

Reacciones de la oposición

La oposición ha reaccionado enérgicamente ante esta decisión. Germán Martínez, jefe del bloque del peronismo en la Cámara de Diputados, acusó al Gobierno de querer «eliminar la Andis para borrar las huellas de las coimas en discapacidad». Diego Arroyo, exministro de Desarrollo Social, calificó el cierre de la agencia como «un retroceso grave», subrayando que la discapacidad requiere un enfoque integral que aborde educación, trabajo y transporte.

Tensiones en el manejo de las políticas de discapacidad

El cambio en la gestión de políticas para personas con discapacidad ha generado tensiones entre el Gobierno y los profesionales del sector. Durante su gestión, Spagnuolo había mantenido un enfoque cuestionable, sugiriendo que el Estado debería limitarse a apoyar económicamente a familias en lugar de asumir toda la responsabilidad. Esta postura ha sido criticada ampliamente.

La negativa del Gobierno a actualizar los honorarios para prestadores de servicios en discapacidad durante más de diez meses, pese a una inflación acumulada del 28%, ha ocasionado que muchas familias deban financiar tratamientos por su cuenta. A pesar de los esfuerzos de la oposición para impulsar una ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno se ha negado a implementarla adecuadamente, aunque la financiación quedó finalmente incluida en el Presupuesto 2026.