Javier Milei inauguró el nuevo año con un polémico decreto que reformula el sistema de inteligencia en Argentina, otorgando mayores poderes y autonomía a los servicios de espionaje. Entre las modificaciones destaca que los agentes podrán detener y arrestar personas sin requerir orden judicial, un poder que hasta ahora estaba prohibido por la ley. La reforma también establece que todos los altos funcionarios de organismos estatales deberán implementar medidas de contrainteligencia.
El gobierno, que sostiene una postura proactiva en defensa de esta reforma, asegura que respeta “los más altos estándares democráticos”. Sin embargo, expertos en derecho y dirigentes opositores advierten sobre un peligroso retroceso en las libertades individuales, sugiriendo el surgimiento de «una policía secreta» que actúa bajo la dirección del Ejecutivo.
Milei dió curso a estos cambios en el régimen de inteligencia sin pasar por el Congreso. Firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) el 31 de diciembre de 2025, que se hizo efectivo de inmediato.
El gobierno, a través de un comunicado, resaltó que el propósito central de esta reforma es definir y delimitar con precisión la estructura y funciones del Sistema de Inteligencia Nacional, alineándolo con las amenazas y desafíos del siglo XXI. La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) seguirá liderando el sistema, mientras que se han creado nuevas agencias de contrainteligencia y ciberinteligencia. La SIDE, que no fue afectada por los recientes recortes en otras áreas del Estado, está bajo la dirección de Cristian Auguadra, un colaborador cercano al asesor presidencial Santiago Caputo.
El decreto de Milei establece que todas las actividades relacionadas con la inteligencia nacional son encubiertas debido a su sensibilidad. Aunque se afirma que los organismos no podrán realizar funciones policiales o de investigación judicial, el texto autoriza a los agentes de inteligencia a proceder con aprehensiones en situaciones específicas, como delitos en flagrancia, lo que se traduce en que podrán arrestar ciudadanos a su criterio.
Además, el decreto redefine el vínculo entre los espías y las fuerzas militares. Permite a la SIDE solicitar apoyo técnico y logístico de las fuerzas armadas, y elimina la dirección de inteligencia militar que dependía del Ministerio de Defensa, transfiriendo funciones y recursos a una nueva dirección dentro de las fuerzas armadas. Esta medida es significativa, ya que coincide con la reciente designación de un militar como ministro de Defensa, un hecho que no se había visto en Argentina desde el final de la dictadura militar en 1983.
Dentro de la reforma, se abordan también las estrategias de contrainteligencia, que incluyen la prevención de infiltraciones, fuga de información, espionaje y otros delitos. Estas prácticas deberán ser implementadas por responsables en todos los organismos del sector público nacional.
La reforma ha sido objeto de críticas contundentes por parte de especialistas y organizaciones sociales. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) la considera “inconstitucional y peligrosa”, argumentando que otorga a la SIDE características de una policía secreta con el poder de arrestar sin supervisión judicial.
Los sindicatos de las centrales de trabajadores de Argentina han calificado la reforma como “un retroceso gravísimo” que promueve la vigilancia masiva y la persecución política. Expertos en derecho, como el constitucionalista Daniel Sabsay, han criticado la falta de necesidad y urgencia del DNU y las facultades extraordinarias que concede al presidente. Igualmente, Andrés Gil Domínguez ha enfatizado que esta reforma representa un giro hacia un modelo neofascista.
Dirigentes opositores de diversos partidos han exigido que el Congreso rechace el decreto y que cualquier reforma se lleve adelante mediante un debate legislativo adecuado. Desde el kirchnerismo, el exinterventor de la SIDE, Agustín Rossi, ha subrayado que el decreto convierte a los agentes de inteligencia en una policía secreta, alimentando la concepción de un Estado represor.
El interbloque legislativo Unidos, que incluye a varios partidos de centro, también ha manifestado su oposición al decreto y ha pedido el restablecimiento del control parlamentario, señalando que esta reforma contradice los principios acordados desde el retorno de la democracia.
