Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han quebrantado la tensa paz que reinaba al asumir el cargo. Tras cinco meses en funciones, los recientes magistrados protagonizaron su primer traspié significativo, evidente en la controversia generada por la adquisición de lujosas camionetas blindadas, específicamente modelos Jeep Grand Cherokee.
Rompiendo la Promesa de Austeridad
La compra de estas camionetas blindadas, cuyo valor equivale a dos meses de pensión del Bienestar para 3,750 adultos mayores, marca el primer gran error: la violación de la austeridad prometida. Este gesto ha sido considerado un golpe a la legitimidad que los ministros intentan sostener. Los nueve magistrados llegaron al máximo tribunal mexicanos en medio de críticas hacia los excesos de sus predecesores: salarios más altos que el presidente, fideicomisos opacos y gastos excesivos en servicios personales.
Ironía de la situación, han criticado el sistema que también les ha otorgado beneficios. La llegada de estos juristas a la Corte está intrínsecamente ligada a la administración de Andrés Manuel López Obrador, quien ha cimentado su gobierno en la necesidad de reducir la brecha entre gobernantes y gobernados, una premisa que les dio respaldo.
La reciente compra de camionetas desafía la promesa de regeneración moral que impulsó su nombramiento y, además, se burla de los ciudadanos que luchan por mejores condiciones de vida.
Confusión Administrativa: Un Segundo Error
La reforma judicial impulsada por López Obrador tenía un objetivo claro: asegurar que los jueces se centren en administrar justicia, no en la gestión de recursos. Para ello, se estableció una clara separación de funciones entre las tareas jurisdiccionales y administrativas, creando un ente específico para la administración judicial.
Sin embargo, la compra de las camionetas ha revelado un problema mayor: la ruptura de esta separación de funciones dentro del poder judicial. La decisión de adquirir dichos vehículos pasó por el Comité de Gobierno y Administración de la Corte, un órgano designado por administraciones anteriores, que no debería tener autoridad para aprobar decisiones económicas.
El Comité, diseñado para ofrecer orientación y trazado de lineamientos, ha sobrepasado su rol al involucrarse en decisiones económicas, lo que plantea serias interrogantes sobre la administración de los recursos dentro de la Corte. La regularidad con la cual el órgano administrativo se somete a decisiones del jurisdiccional sugiere la existencia de una anomalía administrativa.
La nueva Suprema Corte puede no ser idéntica a la anterior, pero las señales de una posible similitud son visibles. Este desliz en materia de austeridad, acompañado de una falta de transparencia y una subordinación del órgano administrativo al jurisdiccional, concierne a muchos.
Es crucial que los magistrados comprendan que su verdadera fortaleza reside en la legitimidad, que solo se puede mantener a través de la coherencia en actos y decisiones.
