La ministra Lenia Batres ha iniciado una intensa iniciativa para reabrir juicios cerrados originados por hechos fraudulentos. La situación se volvió crítica en noviembre, cuando el pleno de la Suprema Corte debatió este tema por última vez. La posibilidad de que se aprobara la revisión de estos casos provocó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y otros líderes de Morena establecieran límites a los miembros del tribunal. Desde entonces, el proyecto ha sido pospuesto y sigue pendiente de resolución.
Recientemente, Batres ha devuelto este asunto al centro del debate, presentando una ponencia que incluye un párrafo polémico, aunque este no esté relacionado directamente con el tema específico discutido: la capacidad del Alto Tribunal para revisar sentencias de las extintas Salas en juicios de amparo directo. A pesar de que el Pleno ha rechazado unánimemente esa revisión, la situación se ha complicado debido a la insistencia de la ministra en mantener el párrafo, a pesar de que siete de sus nueve compañeros lo han solicitado retirar.
Un precedente inédito
Este acontecimiento marca un momento sin precedentes en la Corte, ya que es la primera vez que un ministro se niega a modificar su texto, a pesar de encontrarse en una minoría absoluta. La postura firme de Batres ha dado lugar a una solución confusa que sentará un importante precedente. Así, el párrafo permanecerá en el proyecto aprobado, pero la disconformidad con él se reflejará en el documento definitivo firmado por los jueces, lo que no tendrá efecto vinculante para los ministros. Según el jurista Fernando Sosa Pastrana, esto sugiere un cambio en la visión sobre la propiedad de los proyectos, siendo considerados ahora como de los ponentes en lugar del pleno.
Controversias y disenso
El párrafo en cuestión establece que el pronunciamiento sobre la revisión de sentencias “no prejuzga sobre el criterio que la nueva integración de la SCJN pudiera adoptar en torno a la figura de la cosa juzgada fraudulenta”. Esta inclusión ha sido considerada innecesaria por sus colegas, aunque parece preparar el terreno para Batres en el próximo debate sobre la aplicación de la “nulidad de juicio concluido” en un juicio mercantil que ya se ha cerrado.
La cláusula menciona que este concepto está explícitamente contemplado en algunas legislaciones y “implícitamente” en otras, lo que ha generado la oposición de Yasmín Esquivel. Esta ministra ha rechazado la propuesta, señalando que contradice la jurisprudencia del Alto Tribunal. Aun así, la votación anterior dejó a una Corte dividida, con cinco ministros a favor de reabrir juicios y cuatro en contra. No obstante, se requieren seis votos para establecer un criterio que sea de obligado cumplimiento, lo que pone en desventaja al grupo liderado por Batres.
Navegando entre debates
Algunos ministros que apoyaron anteriormente la reapertura de juicios ahora se han distanciado de Batres. Hugo Aguilar, por ejemplo, argumentó que la cuestión traída por la ministra debería ser discutida en un futuro diferente. En términos similares, Loretta Ortiz ha mencionado que su propio proyecto sobre este tema está pendiente de resolución.
El pleno ha logrado sortear el último intento de Batres, pero el tema sigue en el aire, a la espera de que Loretta Ortiz lleve nuevamente el proyecto a discusión. Sin embargo, esta nueva propuesta no goza de la unanimidad necesaria, lo que sugiere que otro complejo debate se avecina. Si no se producen cambios en las posiciones de los ministros desde la votación de noviembre, las posibilidades de reabrir juicios sobre hechos fraudulentos seguirán siendo limitadas.
Los defensores de la reapertura enfrentan dos obstáculos principales: la intención de aplicar una norma civil a un caso mercantil y la propuesta de usar una norma local en lugar de una federal. La jurisprudencia del Tribunal indica que la nulidad “es improcedente cuando no está contemplada en la legislación procesal”, incluso bajo supuestos de fraude. Sin embargo, para algunos sectores de la Corte, la aspiración de justicia prevalece sobre los procedimientos establecidos en casos de conflicto. Mientras tanto, el pleno ha reafirmado de manera unánime el principio de cosa juzgada, aunque la discusión sobre este tema sigue abierta en otras dimensiones.
