El empresario Javier Pérez-Dolset afirma que las reuniones se realizaron en abril de 2024 y que a una de ellas asistió Antonio Hernando.
Leire Díez afirma: «Soy la persona que ha puesto el PSOE para ver qué hay detrás de todo.»
Leire Díez, exmilitante del PSOE, y Javier Pérez-Dolset han solicitado al juez a cargo de la investigación por presunto tráfico de influencias y cohecho que se eliminen las grabaciones de la causa. Según Díez, se reunió en dos ocasiones con el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en abril de 2024, afirmando que lo hizo “como periodista”. Pérez-Dolset agregó que en una de estas citas también estuvo presente el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. Ambos han negado tener contacto personal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, más allá de encuentros en actos públicos.
El Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, dirigido por el magistrado Arturo Zamarriego, había convocado a Díez y a Pérez-Dolset para declarar como principales investigados en un esquema delictivo «continuado y coordinado» para obtener información comprometedora de la Fiscalía y la Guardia Civil, con el objetivo de «anular o malbaratar investigaciones en casos relevantes que afectan a políticos y empresarios», según un auto emitido por el juez.
Las declaraciones, que se extendieron durante la tarde, comenzaron tras la reproducción de audios incriminatorios proporcionados como pruebas. Díez dedicó más de una hora a exponer que sus reuniones con Cerdán tuvieron lugar en un período crítico, coincidiendo con la imputación de la esposa de Sánchez y su posterior carta a la ciudadanía. Explicó que las citas fueron mediadas por la periodista Patricia López, y que su propósito era informar al PSOE sobre irregularidades judiciales y policiales.
Por su parte, Pérez-Dolset relató que sus dos reuniones fueron breves, alrededor de 40 minutos cada una, y enfatizó que un desconocido le había proporcionado audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo. Durante estas interacciones intentó conectar con «víctimas» del espionaje, ofreciendo compartir lo que había obtenido.
De acuerdo con fuentes cercanas a Hernando, su asistencia a la reunión fue solicitada por Cerdán, dada su experiencia en el caso Villarejo. Hernando, quien sólo escuchó durante la reunión, concluyó que la información presentada era conocida y ya estaba en judicialización.
Rechazo de las grabaciones
Díez ha negado haber trabajado para el PSOE y declaró que llevaba 20 años afiliada, pero sin vínculos con la dirección. Ambos han rechazado los intentos de vincularles a las grabaciones, señalando que no se reconocen en los audios presentados, y han presentado solicitudes para su exclusión de la causa.
En relación a una fotografía en la que aparece entrando a la sede del PSOE, Díez aclaró que se trató de una visita breve para encontrarse con un conocido. Además, afirmó que su Google Drive compartido con Pérez-Dolset había sido hackeado, por lo que han alertado a la policía. También planea denunciar amenazas recibidas tras la divulgación de su información personal.
Pérez-Dolset mencionó la existencia de un grupo de WhatsApp entre periodistas y fiscales, donde se filtraba información sobre distintos casos. La fiscal intentó limitar estas intervenciones durante el interrogatorio, pero el juez permitió que continuara.
La defensa de ambos solicitó la nulidad de todos los audios en la primera parte de la jornada, incluido un audio donde el fiscal Ignacio Stampa registró una reunión en la que Díez se presenta como “mano derecha” de Cerdán.
Además, la defensa de Leire Díez ha resaltado que la grabación realizada por Stampa es una violación del secreto de las comunicaciones, dado que no existía un mandato judicial previo. Se argumenta que esto constituye una investigación extraprocesal.
Díez también ha pedido la anulación de otro audio grabado en el despacho de un abogado, donde discutían temas relacionados con una investigación. Su defensa sostiene que se violó el derecho al secreto profesional en esa reunión.
Por su parte, la defensa de Pérez-Dolset ha cuestionado su citación como investigado, argumentando que la instrucción se basa en afirmaciones periodísticas y que no hubo actividad delictiva de su parte.
