Agentes de la Policía Nacional acudieron este lunes al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) para solicitar documentación en el marco de una investigación por presunta corrupción relacionada con contratos amañados. Esta acción fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid, tras la denuncia de un exdirectivo de la institución.
El Ministerio de Ciencia, que supervisa el CNIO, aclaró que no se trató de un registro, como reportó un medio nacional, sino de una solicitud formal de información por parte de las autoridades. Según un portavoz del ministerio, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) se llevaron documentación en un disco duro, sin incautar ordenadores ni otros dispositivos. Fuentes policiales corroboraron que la acción se limitó a un requerimiento de documentación.
Presunta trama de corrupción en el CNIO
El CNIO, el principal organismo de investigación del cáncer en España, se encuentra en el centro de una denuncia que apunta a la existencia de una red de contratos fraudulentos. Un exdirectivo despedido en agosto reveló que el exgerente del CNIO, Juan Arroyo, junto con otros empleados, habría creado un entramado para favorecer a empresas afines, lo que podría haber costado hasta 20 millones de euros a las arcas públicas en el transcurso de una década.
Arroyo, que estuvo al frente del CNIO durante más de 15 años, ha sido señalado por el denunciante como el arquitecto de un sistema de contratación irregular. Desde 2007, se formó un grupo de “empresas satélites” diseñadas para adjudicarse prácticamente todos los contratos de servicios externalizados. Entre estas empresas se menciona a Gedosol, creada por el exjefe de personal del CNIO, que recibió más de 15 millones en contratos. Otras compañías incluidas en la denuncia son Zeus SL, que facturó 5,4 millones de euros, y Alaos ITL SL, vinculada a un exdirector, facturando 11 millones de euros.
Reacciones de la dirección del CNIO
A raíz de estas acusaciones, el patronato del CNIO, presidido por Eva Ortega Paíno, secretaria general de investigación del Ministerio, decidió en enero destituir a Arroyo y a la directora del centro, María Blasco, quien enfrentaba denuncias de acoso laboral y abuso de poder. Blasco ha negado las acusaciones en su contra y sostiene que también había denunciado ciertas irregularidades bajo la dirección de Arroyo.
El Ministerio de Ciencia manifestó su compromiso con la justicia y la determinación de investigar cualquier irregularidad en el CNIO. Este centro cuenta con un presupuesto anual de aproximadamente 40 millones de euros, de los cuales la mitad proviene del Ministerio.
Irregularidades en los contratos
En la denuncia presentada ante la Fiscalía, que abarca 120 páginas, se detalla que la supuesta trama cobraba por servicios que solían ser realizados por el personal del CNIO, que ha enfrentado reducciones de presupuesto y problemas burocráticos. Según el denunciante, estas empresas recibían pagos de decenas de miles de euros por trabajos que no se llevaban a cabo.
Además, se denuncia que los contratos estaban estructurados para no superar los límites mínimos establecidos para un control más exhaustivo, indicando montos de 49.900 euros o 14.900 euros, justo por debajo de los umbrales fijados en la Ley de la Ciencia.
El patronato del CNIO está integrado por representantes del Gobierno central y de cuatro comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. También participan miembros de fundaciones privadas como BBVA, la Asociación Española Contra el Cáncer y Cris Contra el Cáncer.
