ONU Aborda la Crisis de Desapariciones Forzadas en México
El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha solicitado al secretario general de la ONU, António Guterres, que presente urgentemente ante la Asamblea General la problemática de las desapariciones forzadas en México. Esta medida busca que el plenario de la organización considere acciones que apoyen al Estado mexicano en la prevención, investigación y erradicación de este delito grave.
Reacción del Gobierno Mexicano
Ante esta solicitud, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) emitió un comunicado rechazando el informe del CED, al que califica de «parcial y sesgado». Según el Gobierno mexicano, el informe omite los esfuerzos institucionales en la búsqueda de desaparecidos y se basa en información desactualizada que abarca solo hasta el año 2019 y cubre cuatro de los 32 estados.
Informe del CED y Desapariciones en México
El CED, con sede en Ginebra, concluyó que hay «indicios bien fundados» de que las desapariciones forzadas en México constituyen crímenes de lesa humanidad. Este diagnóstico surge del reconocimiento de ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, que han dejado más de 132,000 desaparecidos en el país.
El procedimiento busca movilizar la atención internacional sin establecer responsabilidades penales. El CED enfatizó que su función no es investigar, aunque puede determinar si hay información real sobre hechos dentro de su competencia.
Relación entre el Estado y las Desapariciones
La SRE lamentó que el CED no considerara la información actualizada proporcionada por México, argumentando que en esta administración se han tomado medidas legislativas e institucionales para combatir el problema. El conflicto no es nuevo, ya que el CED había señalado previamente que las desapariciones forzadas en México son «sistemáticas y generalizadas», lo que llevó a una respuesta diplomática contundente por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Observaciones del CED sobre la Situación Actual
Este último informe se basa en datos recopilados desde 2012, además de visitas al país y testimonios de víctimas. Aunque reconoce que muchas desapariciones son atribuidas a grupos delictivos, el CED encontró casos que involucran a funcionarios públicos en actividades relacionadas con las desapariciones.
El caso emblemático de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que desaparecieron en 2014, ilustra la conexión entre el crimen organizado y las estructuras del Estado en México. Asimismo, el CED apuntó que las desapariciones forzadas pueden ser perpetradas por grupos no estatales en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
