La justicia argentina ha ordenado al Gobierno de Javier Milei detener el recorte que se aplica al sistema universitario público. Esta medida cautelar, confirmada en segunda instancia, exige cumplir con una ley aprobada por el Congreso el año pasado y que ha sido ignorada hasta ahora por el Ejecutivo. El fallo se hizo público este martes, en medio de un creciente conflicto con los docentes universitarios, quienes se encuentran en su tercera semana de huelgas y protestas. Desde la asunción de Milei, entre 2023 y 2026, las universidades estatales han denunciado una “caída real acumulada del 45,6%” en sus fondos.
La educación pública gratuita y con ingreso libre es una de las instituciones mejor valoradas en Argentina. Las 64 universidades de gestión estatal albergan a aproximadamente 2,1 millones de estudiantes, representando el 78% de la matrícula total, además de contar con cerca de 159.000 docentes y 60.000 empleados en diversas funciones.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) declaró la semana pasada una “emergencia salarial y presupuestaria”. Esta decisión responde a la pérdida de poder adquisitivo del orden del 32% en los salarios universitarios desde que comenzó el gobierno actual. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios solo aumentaron un 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo periodo alcanzó el 280%.
Tras numerosas protestas de la comunidad académica, se aprobó el año pasado una ley de financiamiento universitario que estipula la actualización de fondos en función de la inflación. Sin embargo, esta ley fue vetada por Milei, aunque el Congreso logró ratificarla. A pesar de ello, el presidente se niega a aplicarla, argumentando que ello afectaría el superávit fiscal y exigiendo al Poder Legislativo que determine qué recursos se pueden reasignar para las universidades. En respuesta, el CIN llevó el caso a la justicia, y el reciente fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exige al Ejecutivo actualizar y recomponer tanto los salarios universitarios como las becas estudiantiles.
El fallo ha sido celebrado por la comunidad académica. Franco Bartolacci, presidente del CIN, calificó la decisión como “una excelente noticia en un contexto sumamente delicado”. Las federaciones sindicales de profesores han exigido al Gobierno el respeto a la ley y el pago de “la deuda que tiene con docentes, no docentes y estudiantes”, advirtiendo que no permitirán más dilaciones.
Para recuperar el nivel salarial de hace tres años, se estima que los sueldos de profesores y demás trabajadores universitarios deberían ser reajustados en un 47,3%. Con este objetivo, los sindicatos han iniciado huelgas y otras acciones desde mediados de marzo. En caso de que el Gobierno no envíe los recursos necesarios, tienen planes de instalar carpas en distintos puntos del país para protestar.
En este contexto, este martes, estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires realizaron una clase pública frente a la residencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este funcionario, alineado con el discurso ultra del gobierno contra “la casta” y “los parásitos del Estado”, también se encuentra bajo investigación judicial por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.
