Duarte no obtiene libertad anticipada: La jueza Ángela Zamorano rechaza la solicitud
La jueza federal Ángela Zamorano Herrera ha decidido denegar la petición de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien ocupó el cargo de 2010 a 2016. Duarte, un político asociado al Partido Revolucionario Institucional (PRI), deberá cumplir la totalidad de su condena de nueve años por delitos como asociación delictuosa, desvío de recursos y lavado de dinero. Actualmente, se encuentra recluido en el Reclusorio Norte de Ciudad de México, con su sentencia programada para finalizar en abril de 2026.
Razones de la negativa judicial
La jueza Zamorano explicó que Duarte no cumple con dos de los siete requisitos necesarios para acceder a la libertad anticipada, siendo el más importante no estar sujeto a otros procesos legales. Cabe destacar que el exgobernador enfrenta un caso en el que se le acusa de obstrucción en una investigación por desaparición forzada. La defensa de Duarte, representada por el abogado Pablo Campuzano, ha anunciado su intención de impugnar esta negativa.
Argumentos de la defensa y la Fiscalía
La defensa había argumentado que Duarte cumplió más del 70% de su condena, un requisito que se considera para la preliberación. Para respaldar su solicitud, presentaron testimonios de varios funcionarios del Reclusorio Norte a favor del exgobernador. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) se opuso firmemente a su liberación, destacando que Duarte no era un funcionario ordinario, sino un gobernador implicado en uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.
Además, la FGR mencionó que se encontraron objetos ilegales en la celda de Duarte, como una pluma con cámara, un teléfono celular y acceso a internet. Durante el proceso judicial, se reveló que había intentado retrasar audiencias y obstruir otras causas legales en su contra.
Contexto del caso y la corrupción en Veracruz
El caso de Javier Duarte es emblemático de la corrupción que ha afectado a México, especialmente durante el gobierno del PRI bajo Enrique Peña Nieto. Duarte, quien fue acusado de desviar 1.670 millones de pesos, utilizó empresas fantasma y testaferros para llevar a cabo sus operaciones corruptas. A pesar de la condena de 2018, que incluía nueve años de prisión y multas, el alcance de sus delitos sigue sin ser completamente alcanzado por el sistema judicial.
Los informes indican que durante su gestión, se usaron de manera irregular más de 62.000 millones de pesos de fondos federales, lo que representa uno de los mayores saqueos documentados en la historia estatal. Hasta la fecha, ni Duarte ni sus cómplices han sido plenamente responsabilizados por este entramado de corrupción.
Peticiones de libertad y implicaciones familiares
Duarte ha solicitado su libertad anticipada argumentando que ha estado alejado de su familia durante su tiempo en prisión y que ha mostrado una rehabilitación ejemplar. Su esposa, Karime Macías, también implicada en el escándalo de corrupción, reside en Londres desde hace años. En el pasado, Duarte se declaró culpable en un procedimiento abreviado, aunque ha señalado que lo hizo por presiones políticas.
Aun cuando fue exonerado de una acusación de obstrucción en 2024, esta decisión fue impugnada por la Fiscalía de Veracruz, lo que ha complicado su situación legal y se ha tomado en cuenta para la negativa de su libertad anticipada. Por ahora, las esperanzas de Duarte de obtener una pronta liberación se han desvanecido.
