Controversia en el Accidente Ferroviario de Adamuz (Córdoba)
La cadena de custodia de los restos del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba, ha generado una intensa discusión en el escenario judicial. El Tribunal de Instancia de Montoro está a cargo del caso, y la jueza Cristina Pastor, en una providencia del 10 de febrero, ha solicitado al gestor de la infraestructura, Adif, que se abstenga de realizar cualquier movimiento relacionado con el material de la investigación sin autorización judicial previa.
Antecedentes del Accidente
El accidente sucedió el 18 de enero cuando un tren de alta velocidad de Iryo descarriló, lo que provocó una colisión con un convoy Alvia de Renfe. Este trágico suceso dejó un total de 46 víctimas mortales. Días después, el 26 de enero, Adif solicitó permiso a la jueza sustituta, María Jesús Salamanca, para acceder al lugar del siniestro con maquinaria pesada para realizar trabajos de reconstrucción.
La jueza autorizó el acceso el 27 de enero, con la condición de que todas las pruebas recogidas fueran documentadas y se mantuvieran disponibles para la Autoridad Judicial. Sin embargo, antes de recibir este permiso, Adif ya había comenzado a retirar segmentos de raíl y soldaduras entre el 22 y el 23 de enero, depositándolos en un almacén en Hornachuelos, sin que la Guardia Civil o la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) hubieran realizado una recolección de pruebas en ese momento.
Desarrollo de los Hechos y Toma de Decisiones Judiciales
La jueza sustitutiva exigió un informe a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Córdoba para asegurarse de que no se perjudicara la investigación. Este informe confirmó que la recogida de evidencias por parte de la Guardia Civil había finalizado y no había inconvenientes para que Adif accediera al área de la tragedia.
Antes de iniciar las obras, se le permitió a la Guardia Civil recoger muestras del material en la vía, que serían analizadas por expertos. En un informe sellado el 9 de febrero, Adif y la ingeniería pública Ineco documentaron el traslado de los materiales desde el sitio del accidente a Hornachuelos, indicando que este movimiento se realizó sin haber manipulado ni alterado los restos.
Quejas de la Guardia Civil
La situación generó quejas por parte de la Guardia Civil, que al 7 de febrero destacó que el responsable de la base de mantenimiento de Adif había admitido haber recibido órdenes para retirar los cupones de raíl, incluidos algunos con soldaduras que posteriormente se sometieron a ensayos de dureza. La Guardia Civil indicó que no se tenían informes adecuados sobre las pruebas realizadas.
El 30 de enero, ambos cuerpos se trasladaron a la zona del accidente para realizar nuevas mediciones, descubriendo que los cupones con las soldaduras ya habían sido trasladados a la base de Adif. Esto obliga a la Guardia Civil a solicitar precintar los restos para asegurar su integridad durante la investigación.
Implicaciones Legales y Futuras Acciones
El instructor del caso considera que las operaciones de Adif para la extracción y traslado de material se realizaron sin la debida comunicación o autorización, aportando inquietudes sobre la adecuada gestión de las pruebas. La situación plantea preguntas sobre la protección de los restos del accidente y la eficacia de la coordinación entre las diferentes entidades involucradas.
En este contexto, las acciones de Adif han sido justificadas como necesarias y urgentes, dado que no se había implementado medida cautelar alguna sobre la zona tras el accidente. Sin embargo, el desarrollo de este caso sigue siendo objeto de atención y seguimiento por parte de las autoridades judiciales.
