Vanessa Guzmán, esposa de Juan Pedro Saldívar Farias, conocido como el Z-27 y condenado en México por tráfico de drogas, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido al envío de su marido a Estados Unidos el 20 de enero. En una conferencia de prensa en Ciudad de México, Guzmán afirmó: “No fue una expulsión, porque él no es extranjero, ni fue una extradición, es un destierro”. En su denuncia, ella acusa a las autoridades mexicanas de “traición a la patria” y “coalición de servidores públicos”. La abogada Yarey Sánchez, representante de otros presos como Itiel Palacios, alias El Compa Playa, y Pablo Edwin Huerta, Flaquito, ha anunciado que se unirán a esta demanda en los próximos días. Hasta ahora, México ha entregado a 92 presos a Estados Unidos en tres envíos durante los meses de febrero y agosto de 2025, y este enero.
La controversia en torno a los envíos de presos mexicanos a Estados Unidos por parte del Gobierno de Claudia Sheinbaum se centra en el hecho de que no se ha seguido el proceso de extradición. La falta de consenso entre México y Estados Unidos ha llevado a una falta de criterios claros a casi un año de la primera entrega significativa de delincuentes, que incluyó figuras notorias del crimen como Rafael Caro Quintero y líderes de Los Zetas, así como operativos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Gobierno de Morena ha utilizado términos como “traslado”, “extradición” o “envío” y sostiene que estas acciones se han llevado a cabo bajo estrictas solicitudes de Washington y en conformidad con la Ley de Seguridad Nacional. Sin embargo, los abogados de varios de estos presos buscan desafiar legalmente estas decisiones.
Vanessa Guzmán también destacó que su esposo llevaba 13 años en prisión y estaba a punto de cumplir una pena de 15 años y cuatro meses, por lo que podría haber accedido a beneficios para continuar su proceso en libertad condicional. Saldívar fue detenido en octubre de 2013 en Nuevo León y está señalado por Estados Unidos como presunto jefe regional de Los Zetas en el norte de México. El Departamento de Justicia lo acusa de haber distribuido una tonelada de marihuana y cinco kilogramos de cocaína en Estados Unidos durante su presunta gestión del tráfico de drogas, especialmente en Tamaulipas. También se le atribuyen actos de extorsión violentos, incluyendo amenazas, golpes, secuestros, torturas y asesinatos. El FBI, la Patrulla Fronteriza, la DEA y el Departamento de Seguridad Pública de Texas están actualmente a cargo de la investigación sobre Saldívar, quien enfrenta una posible cadena perpetua en Estados Unidos.
Desde el momento en que Saldívar fue enviado a EE.UU., su esposa ha señalado la falta de comunicación, indicando que no han logrado establecer contacto con él, ni siquiera para recibir una llamada. “Según la prensa, está en Houston, pero no hemos tenido información oficial sobre su paradero”, comentó. Tanto Guzmán como la abogada Yarey Sánchez advirtieron que ninguno de los presos fue informado de su traslado. En este contexto, el abogado Hugo Dionisio Guadalupe, quien representaba a otro detenido, Daniel Menera Sierra, conocido como El Dany, enfatizó que estas entregas son ilegales debido a la falta de cumplimiento con los procedimientos pertinentes. “No hay argumento defensivo que pueda combatir el actuar de esa ley”, resaltó Guadalupe, indicando que la única opción para las familias afectadas es presentar denuncias.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha defendido estas entregas bajo el argumento de que se realizan por “seguridad nacional”, ya que los capos enviados continuaban operando desde las cárceles mexicanas. Un alto funcionario del Gobierno de Sheinbaum ha declarado que estos envíos han sido “claves” para la reducción de homicidios dolosos en el país. Según los informes del Gobierno, desde el inicio del mandato de Claudia Sheinbaum, ha habido una disminución del 40% en los homicidios en México.
