Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, ha sido liberado tras recibir un indulto del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hernández, conocido por sus vínculos con el narcotráfico, había sido condenado a 45 años de prisión y se encontraba en la cárcel de alta seguridad de Hazelton, en Virginia Occidental. Su liberación se produce pocos días después de las elecciones presidenciales en Honduras, donde Trump había expresado su apoyo al candidato conservador, Nasry Tito Asfura.
En junio de 2024, un tribunal federal de Nueva York, presidido por el juez Kevin Castel, sentenció a Hernández por su complicidad en una red que facilitó la importación de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos. Las acusaciones incluían la posesión de armamento militar, como ametralladoras y lanzagranadas, lo que llevó a que el juicio se resolviera en solo dos semanas. Hernández, apodado «JOH», fue encontrado culpable de conspiración para importar cocaína y de posesión de armas destructivas, lo que confirmó su papel central en el narcotráfico.
Durante su mandato, Hernández había recibido fondos significativos de la administración estadounidense bajo la premisa de colaborar en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, su gestión se caracterizó por acusaciones de corrupción y manipulación del sistema judicial, favoreciendo a narcotraficantes mientras recibía apoyo militar de Estados Unidos. Esto hizo que Honduras fuera considerado un «narcoestado» por varios organismos de justicia estadounidense.
El indulto, otorgado a pesar de las pruebas que lo involucraban con el narcotráfico, ha despertado cuestionamientos sobre la influencia de Hernández y su familia en esos entornos. Su hermano, Juan Antonio, también fue condenado por delitos relacionados con las drogas, y se le acusó de recibir sobornos de figuras como Joaquín «El Chapo» Guzmán.
JOH fue arrestado en febrero de 2022, apenas 18 días después de dejar la presidencia. Los fiscales estadounidenses describieron su actividad como «narcotráfico patrocinado por el Estado», acusándolo de utilizar su posición para facilitar el tráfico de enormes cantidades de cocaína a través de Honduras. A lo largo de su carrera política, Hernández se había presentado como un aliado de Estados Unidos en la lucha contra el crimen, pero las evidencias en su contra apuntan a un uso sistemático del poder para beneficio personal.
Bajo su liderazgo, las alegaciones de corrupción se multiplicaron. A pesar de que la Constitución hondureña prohíbe taxativamente la reelección, Hernández logró permanecer en el poder tras una interpretación favorable del artículo que dictaba dicha prohibición. Las elecciones de 2017 estuvieron marcadas por acusaciones de fraude y manipulación, lo que aumentó la desconfianza de la población hacia su gobierno.
Las denuncias de corrupción durante su administración incluyen el escándalo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que sufrió un desfalco millonario, y el uso irregular de fondos públicos durante la pandemia de COVID-19, que involucraron compras de insumos y hospitales móviles sobrevalorados. La situación provocó una creciente oposición y manifestaciones en su contra.
El indulto de Hernández plantea preguntas sobre el futuro del país, que ha experimentado un descontento creciente hacia la clase política. Mientras la población espera respuestas sobre la corrupción y el narcotráfico, su liberación podría intensificar las inquietudes sobre la integridad de las instituciones gubernamentales.
