Al finalizar el año 2025, el Caribe no será escenario de celebraciones y fuegos artificiales, sino de tensiones geopolíticas agravadas. Estados Unidos ha comenzado a atacar a antiguos aliados en la región, como Colombia, reactivando doctrinas de control regional y exhibiendo su poder militar en el Caribe, con la intención de desmantelar el régimen venezolano bajo el liderazgo de Nicolás Maduro.
La comparación con la intervención militar en Panamá en 1990, que llevó a la captura del dictador Manuel Antonio Noriega, destaca las diferencias cruciales. Maduro no es Noriega, Venezuela no es Panamá, y el contexto político ha cambiado drásticamente. La narrativa de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, está a la cabeza de un cartel de drogas solo es creíble para los más radicales opositores.
A pesar de presentarse como una lucha contra el narcotráfico, Trump ha dejado claro que el interés principal es el petróleo de Venezuela, afirmando sin reparos que este recurso le pertenece a Estados Unidos. La retórica agresiva ha causado la muerte de más de 100 pescadores colombianos en el Caribe, complicando aún más una situación ya precaria.
Maduro ha forjado alianzas estratégicas con potencias como Rusia, China e Irán, además de permitir la presencia de guerrillas colombianas como el ELN y las disidencias de las FARC en su territorio. Esto ha convertido a la milicia interna de Venezuela en una amenaza regional en un futuro posmaduro.
La retórica bélica de Trump es inminente, con promesas de ataques terrestres a Colombia y Venezuela. Su hostilidad hacia Petro ha ido en aumento, afectando directamente la estabilidad de la región. La influencia de la extrema derecha en América Latina está destinada a desestabilizar aún más Colombia, generando una crisis humanitaria al desplazarse miles de venezolanos hacia su territorio. En caso de una intervención militar, se estima que más de dos millones de migrantes podrían llegar a Colombia en pocos días.
Con un déficit fiscal superior a 23 billones de pesos, la economía colombiana está en crisis, lo que complica la atención de la posible ola migratoria. El presidente Petro se ha visto obligado a declarar una emergencia económica y buscar ayuda internacional, aunque las arcas europeas y asiáticas están enfocadas en otras crisis, como la de Siria y Ucrania.
La intervención militar de Trump se complementa con un enfoque político hacia naciones vecinas. Ha intervenido en países como Argentina y Chile, imponiendo su agenda que busca erradicar cualquier gobierno que no se alinee con sus intereses. Las elecciones de 2026 en Colombia se ven afectadas por la injerencia estadounidense, que intenta colocar un mandatario favorable a sus planes.
Los ataques a Petro tienen un claro objetivo: desestabilizar su gobierno y hacerle llegar un mensaje de advertencia. El Departamento de Estado es consciente de la relevancia de Colombia en su estrategia geopolítica, siendo un aliado clave en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, Trump ha manifestado que Petro no es amigo de Estados Unidos y ha insinuado que debe cerrar fábricas de cocaína en Colombia.
Las encuestas indican que la opinión pública colombiana es mayoritariamente negativa hacia Trump, con un 80% de descontento. Contrariamente, los ataques estadounidenses han catapultado la popularidad de Petro por encima del 40%. Esta dinámica favorece al candidato de izquierda Iván Cepeda, quien ha comenzado a consolidar el apoyo de aquellos que respaldan a Petro.
De cara a las elecciones de 2026, la batalla se centrará en quién puede desafiar a Cepeda y obtener el respaldo de la extrema derecha y figuras como Álvaro Uribe. La lucha no es solo contra la derecha colombiana, sino contra la influencia de Trump, que busca imponer un presidente que responda a sus intereses en la región. Cepeda, leal a su formación y a Petro, no se alejará de una campaña antiimperialista.
