Retraso en Pagos a Abogados Públicos: Una Crisis en la Defensoría del Pueblo
Más de 5.000 abogados públicos y contratistas se quedaron sin recibir sus honorarios en diciembre debido a un retraso en los desembolsos del Ministerio de Hacienda. La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó esta situación tras recibir numerosos reclamos en la red social X. Este hecho revela una crisis financiera que podría extenderse a lo largo del próximo año.
Recortes Presupuestarios Afectan la Operación de la Defensoría
En el presupuesto para 2026, aprobado en octubre, la Defensoría del Pueblo sufrió un recorte de al menos 60.000 millones de pesos. Aunque Marín indicó que los salarios de diciembre se pagarían en enero, la incertidumbre sobre el futuro de esta entidad defensora de los derechos humanos es palpable. “¿Qué significa en la práctica la autonomía presupuestal constitucional de la Defensoría del Pueblo?”, se cuestionó Marín en su cuenta de X, instando a reflexionar sobre la crisis económica que enfrenta la institución.
Los abogados públicos, quienes representan a ciudadanos sin recursos para acceder a defensa judicial, son los más afectados por esta situación. Desde el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia reclamaron que el defensor público es el eslabón más débil en el sistema penal, y que el retraso en sus pagos perjudica no solo a los abogados, sino también a quienes representan.
La Independencia de la Defensora del Pueblo en la Mira
Marín ha sido reconocida por su independencia del Gobierno, una cualidad que cobra relevancia dado que fue ternada por el presidente Gustavo Petro. Durante el debate en el Congreso sobre el presupuesto, la disminución de recursos para la Defensoría levantó sospechas de que este recorte podría ser una represalia por su postura autónoma. En una entrevista, Marín resaltó que su función constitucional implica hacer pronunciamientos críticos, independientemente de las decisiones gubernamentales.
Impacto Social de la Crisis Financiera
El recorte presupuestario fue de 151.000 millones de pesos (aproximadamente 38 millones de dólares), lo que intensifica la preocupación sobre el papel de la Defensoría del Pueblo en el contexto de creciente violencia armada en el país. Recientemente, más de 250 personas fueron desplazadas en el Catatumbo debido a enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC.
Leonardo González, director del observatorio de violencia Indepaz, comentó en redes sociales que la falta de pagos a más de 4.200 defensores y defensoras públicas es un claro indicativo de cómo el Gobierno prioriza la defensa de los derechos humanos. “Esto no es un hecho aislado ni un simple retraso administrativo”, señaló.
Silencio del Gobierno
Hasta el momento, ni el presidente ni el ministro de Hacienda, Germán Ávila, han hecho declaraciones públicas sobre esta situación, y Marín afirma que no han respondido directamente a sus reclamos.
