La Fiscalía de Colombia ha confirmado que este lunes presentará una imputación formal contra Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, la mayor empresa del país, por presuntas irregularidades durante su gestión como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Según Raúl González, delegado de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Roa enfrenta acusaciones por violación de los topes de financiación de campañas, un delito sancionado con penas de entre 4 a 8 años de cárcel. Además, se investiga un posible tráfico de influencias relacionado con Juan Guillermo Mancera, un coronel retirado que supuestamente facilitó la compra de un apartamento a bajo costo por parte de Roa y posteriormente obtuvo un contrato con la petrolera.
Esta situación aumenta la presión sobre Roa, especialmente tras la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en noviembre de 2022, que multó a la campaña por superar en más de 5.300 millones de pesos (aproximadamente 1,4 millones de dólares) los límites de financiación. Aunque esta sanción fue solo administrativa, el CNE decidió remitir el caso a la Fiscalía, lo que ha derivado en la apertura de un nuevo proceso penal contra el presidente de Ecopetrol.
Ricardo Roa es considerado uno de los allegados más cercanos a Gustavo Petro, quien ha expresado su apoyo a Roa, a pesar de las crecientes acusaciones. Esto se torna especialmente crítico dado que Ecopetrol es clave para el presupuesto estatal gracias a sus significativas utilidades. Roa ha mantenido el respaldo de la junta directiva de la empresa, de la que el Gobierno posee siete de los nueve asientos, debido a su participación accionaria del 88,49%. Sin embargo, han surgido cuestionamientos respecto a la gestión financiera durante su campaña y posibles favoritismos en la asignación de contratos.
Uno de los puntos críticos en la investigación es la compra de un apartamento en el norte de Bogotá, adquirida por Roa a través de una compañía ligada a Serafino Iacono, empresario con vínculos previos a la petrolera Pacific Rubiales. Aunque esta transacción se llevó a cabo antes de que Roa asumiera su cargo en Ecopetrol, se generó controversia al coincidir con la adjudicación de un contrato a Gaxi SA ESP, una empresa pequeña y poco experimentada, controlada por Mancera, para la regasificación de gas importado. Este contrato podría generar ingresos millonarios, lo que plantea dudas sobre el proceso de adjudicación.
El mes pasado, Iacono defendió la legalidad de la transacción, afirmando que toda la información pertinente fue entregada a las autoridades. «La compra del apartamento fue un negocio enmarcado en la ley», señaló en un comunicado. La Fiscalía, por su parte, no solo investiga la compra del inmueble, sino también si se pueden establecer vínculos de tráfico de influencias. En respuesta a las acusaciones, Roa ha manifestado que es víctima de una campaña de desprestigio y ha insistido en que ningún contrato significativo en Ecopetrol puede ser otorgado de manera unilateral.
