El Gobierno del presidente Gustavo Petro se enfrenta a un panorama complicado de cara a 2026, con un presupuesto desfinanciado. Este martes, la Comisión Cuarta del Senado decidió archivar la ley propuesta para recaudar 16,3 billones de pesos (aproximadamente 4.000 millones de dólares) con el fin de sostener el gasto aprobado para el próximo año. Según sus proyecciones, el Ejecutivo solo contará con 530,6 billones de pesos, lo que representa un 3% menos de lo que había planeado gastar. Esto obligará al Gobierno a realizar recortes en los gastos, posponer obras y reorganizar prioridades.
El contexto es desfavorable para un Ejecutivo que luchó hasta el último minuto para evitar este resultado inevitable. Germán Ávila, ministro de Hacienda, subrayó que la ley se centraba en patrimonios altos y sectores con capacidad de pago, lamentando que unos pocos votos desbarataran el plan de cierre fiscal. Tras la decisión, Ávila indicó que «no descarta ninguna alternativa» para proteger los programas sociales. En una línea similar, el presidente Petro expresó en redes sociales: “Si la crisis no la pagan los ricos, la pagarán los pobres. [Pero] mientras nosotros seamos Gobierno, no dejaremos que la paguen los pobres”. Agregó que “las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”.
Expectativas y Reacciones del Mercado
El fracaso de la iniciativa era anticipado por analistas y actores políticos. De hecho, el Gobierno buscó retrasar la votación desarmando el cuórum en varias ocasiones mientras trataba de conseguir los apoyos necesarios que finalmente no se materializaron. Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Aval Casa de Bolsa, consideró que había “una baja probabilidad de que se aprobara la reforma”. Ante esta situación, el Gobierno se verá obligado a reducir su gasto en un entorno donde las fuentes de financiación serán limitadas, lo que podría implicar recortes en el funcionamiento del Estado e inversiones.
Por su parte, David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, advierte que el faltante podría llevar a dos opciones: buscar más deuda, dado que la regla fiscal está suspendida, o realizar recortes en los gastos, aunque con limitaciones. Endudarse podría parecer más atractivo políticamente en un período electoral, sin embargo, la reacción del mercado sugiere que dicha estrategia podría resultar riesgosa. Los bonos soberanos (TES) cerraron la jornada con un descenso, apuntando a un aumento del riesgo fiscal. Lorena Moreno, analista de renta fija en Acciones y Valores, resalta que el mercado interpreta el hundimiento como un deterioro abrupto del panorama fiscal.
Impacto del Archivo de la Iniciativa
La falta de un plan alternativo de ajuste creíble, según Moreno, podría resultar en costos de deuda más elevados. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha advertido que los intereses podrían alcanzar el 4,1% del PIB en 2026, un nivel históricamente alto, teniendo en cuenta que el Gobierno ya ha utilizado el 90% del límite de deuda aprobado por el Legislativo.
El archivo del proyecto de financiamiento refleja una estrategia arriesgada. Luis Carlos Reyes, primer director de impuestos y aduanas del Gobierno Petro, lo califica como una «crónica de una muerte anunciada», afirmando que el Ejecutivo dejó al Congreso la carga política de los posibles recortes. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, considera que recortar 16 billones no representa un problema si se comunica un mensaje de disciplina que genere confianza en los mercados. Sin embargo, advierte que no se debe optar por medidas de emergencia económica, ya que carecen de justificación y pueden acentuar el derroche en el gasto público.
Evaluación de los Recortes y Reacción Política
En cuanto a la magnitud del recorte, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ha indicado que los 16,3 billones equivalen a menos del 3% del presupuesto total, y bien gestionados, no deberían comprometer la operación del Estado. Marcela Eslava, profesora en la Universidad de los Andes, sugiere que es mejor no habilitar un gasto adicional que el país no puede financiar sin afectar su balance. La dificultad radica en determinar dónde implementar los recortes, dado el problema de opacidad del sistema gubernamental.
La respuesta política ha sido igualmente reflejo del mercado. Los partidos que se opusieron a la ley celebraron la decisión, argumentando que ayudaron a “blindar el bolsillo de los colombianos” frente a impuestos que el Gobierno pretendía implementar. Por contra, el oficialismo denuncia un bloqueo por parte de las mayorías adversas y rechaza que la solución sea simplemente “apretarse el cinturón” sin evaluar la calidad del gasto. La posibilidad de revivir la ley en sesiones extraordinarias parece improbable, y cualquier intento de emergencia económica tropezaría con los requisitos constitucionales para su implementación, según la senadora Angélica Lozano. Así, el Gobierno enfrentará la necesidad de ajustar sus ambiciones de gasto en el final de su período o de incrementar aún más la deuda pública.
