Inversión en el Acueducto Solís-León Genera Controversia en Guanajuato
Guanajuato, en el centro-norte de México, se prepara para recibir una inversión conjunta de 15.000 millones de pesos por parte del Estado y el Gobierno federal en la construcción del acueducto Solís-León. Esta obra hídra es considerada una de las más ambiciosas de los últimos años, con una extensión de 187 kilómetros y la promesa de convertirse en la presa más grande del país, según la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo. Sin embargo, diversos sectores de la población, incluidos agricultores y defensores del medio ambiente, consideran el proyecto como una amenaza.
Protestas y Desconfianza Ciudadana
Desde hace más de cuatro meses, las protestas han aumentado en Guanajuato, impulsadas por el anuncio del inicio de las obras por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum en septiembre. Los habitantes expresan su descontento, señalando que no fueron consultados sobre el proyecto. “No se realizó la consulta previa, informada y libre que la ley exige para obras de este tipo. La información oficial ha sido reservada por cinco años, lo que genera desconfianza”, denuncia Juan Manuel Ayala López, portavoz del Observatorio de Derechos Humanos Fray Raúl Vera López.
Este acueducto, que proveerá de agua a los municipios de Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León, no solo enfrenta la oposición de la sociedad civil, sino que también revive un viejo conflicto entre Guanajuato y Jalisco por la distribución del agua. El decreto presidencial de 2021 excluyó a Guanajuato de las provisiones de la presa El Zapotillo, favoreciendo a la zona metropolitana de Guadalajara.
Acciones Legales en Jalisco
En Jalisco, los ciudadanos han interpuesto aproximadamente 5.000 amparos contra el acueducto. El gobernador Pablo Lemus ha expresado su preocupación por el impacto que tendría en el lago de Chapala, resaltando que la construcción del acueducto podría afectar seriamente sus derivaciones. “No podemos permitir esta construcción. Debemos unirnos”, declaró Lemus en un video reciente.
Las estimaciones indican que entre 800.000 y un millón de personas en Guanajuato podrían verse afectadas por este proyecto, incluyendo alrededor de 25.000 campesinos.
Promesas de Tecnificación
El Gobierno argumenta que la obra es parte de un proceso de tecnificación del riego en el Distrito de Riego 011 en el Alto Río Lerma, que modernizará la infraestructura agrícola y mejorará la eficiencia en el uso del agua. Sin embargo, muchos agricultores siguen escépticos sobre el verdadero alcance y beneficio del proyecto. “La promesa gubernamental es que la obra estará lista en 2028, mientras que la tecnificación se espera hasta 2029. ¿Qué pasará en el año que no llueva?”, cuestiona Raúl Jasso, delegado de los productores locales.
Ayala López añade que el manifiesto de impacto ambiental presentado por el Gobierno es insatisfactorio, señalando errores graves e inconsistencias. “El estudio, hecho de manera apresurada, menciona el río Ameca en vez del río Lerma, evidenciando la falta de profesionalismo”, critica.
Preocupaciones sobre la Distribución del Agua
Existen dudas sobre el destino real del agua que el Gobierno asegura estará destinada al consumo doméstico y agrícola. Los críticos señalan que podría ser utilizada principalmente por industrias en León, donde hay una alta concentración de empresas y una histórica crisis hídrica.
El obispo Raúl Vera ha instado a la población a unirse contra el acueducto, advirtiendo sobre las implicaciones de desviar agua del lago de Chapala, amenazando la viabilidad del ecosistema que sustenta a miles de familias. “Detrás de este proyecto se oculta el riesgo de desviar 120 millones de metros cúbicos de agua al año”, afirmó en una reciente carta.
Además, la clasificación de documentos clave del proyecto como información reservada por cinco años ha aumentados los temores sobre la transparencia y la posible implicación de la compañía israelí Mekorot, que ha colaborado con la Comisión Nacional del Agua en México.
“Nuestra oposición no es al derecho humano al agua, sino al uso injusto y deshonesto del agua, que despoja a los más pobres para beneficiar a quienes ya concentran la riqueza”, concluye el obispo Vera. Ayala López exige la suspensión inmediata del proyecto de forma urgente.
