El Avance de la Jurisdicción Agraria en Colombia
El Gobierno del presidente Gustavo Petro se enfrenta a un desafío crucial en la aprobación de la jurisdicción agraria, un acuerdo fundamental relacionado con el pacto de paz firmado en 2016 con las FARC. Esta normativa es esencial para resolver conflictos sobre la tierra en el contexto rural colombiano. Aunque el pasado diciembre se logró un amplio apoyo en el Congreso, la propuesta ha quedado estancada, y recientes acciones de la Agencia de Tierras han reavivado el debate.
El Contexto Político y la Reacción de la Oposición
La senadora Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, encendió la polémica al acusar al Gobierno de intentar modificar los acuerdos previos. En un mensaje en su cuenta de X, afirmó que se busca «romper los acuerdos» sobre la jurisdicción agraria y revivir la «extinción de dominio exprés». Su crítica se produce tras la decisión de la Agencia de Tierras de solicitar a la Corte Constitucional que pueda gestionar asuntos de tierras sin la intervención obligatoria de un juez, mientras se formaliza la jurisdicción agraria.
La Larga Travesía hacia la Jurisdicción Agraria
Desde el inicio del mandato de Petro, el Gobierno ha intentado simplificar el proceso de despojo de tierras, cuestión que había quedado en manos de los jueces desde 2017, durante la administración de Juan Manuel Santos. La implementación de la jurisdicción agraria busca nombrar jueces especializados para tratar estos casos, pero a pesar de los años transcurridos, muchos procedimientos han quedado paralizados, afectando la recuperación de tierras usurpadas.
Demandas de la Agencia de Tierras
En respuesta a la parálisis legislativa, la Agencia de Tierras ha decidido solicitar a la Corte permiso para actuar en situaciones críticas, como la recuperación de tierras necesarias para la reforma agraria. El jurista Rodrigo Uprimmy, experto en el tema, subrayó que este recurso busca medidas temporales mientras se agiliza la creación de la jurisdicción agraria.
Intereses en Juego
La situación se complica con la intervención de figuras clave, como el presidente del Senado, Lidio García, quien enfrenta dos procesos relacionados con tierras en Bolívar. Esto sitúa el debate sobre la jurisdicción agraria en el centro de intereses partidarios y personales que podrían influir en su aprobación.
Postura de los Agricultores
La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) también ha manifestado su oposición a la jurisdicción. Su presidente, Jorge Enrique Bedoya, alertó sobre las implicaciones que tendría para la toma de decisiones en materia de propiedad de la tierra.
La Ministra de Agricultura y el Futuro del Proyecto
A pesar de los conflictos, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, continúa promoviendo la jurisdicción agraria. Ha expresado que la falta de acción limita la recuperación de tierras necesarias para el Fondo de Tierras, conforme a lo pactado en el Acuerdo de Paz. Carvajalino ha instado a las mesas directivas del Senado y la Cámara a asignar un lugar prioritario para el debate de este proyecto.
Un Proceso a la Espera
La legislación pendiente representará el último paso en la creación formal de la jurisdicción agraria, un proceso que ha incluido modificaciones constitucionales y la aprobación de leyes estatutarias. Sin embargo, su avance ha sido lento, especialmente tras la salida de dos de sus principales promotores del Gobierno, lo que ha generado incertidumbre sobre su futuro.
En momentos recientes, se han hecho gestiones para retomar la discusión y, aunque la Cámara ha programado el debate para el 21 de octubre, el Senado todavía no ha fijado una fecha.
