Intervención del Gobierno de Petro en el Mercado de Energía Eléctrica en Colombia

El Gobierno de Gustavo Petro ha tomado medidas significativas para intervenir en el mercado de energía eléctrica en Colombia. Dos decretos, el 1072 y el 1091, emitidos el 15 y 16 de octubre respectivamente, introducen cambios importantes en un sector que enfrenta amenazas de desabastecimiento y aumentos en las tarifas. Más de 12 millones de usuarios de estratos bajos destinan, en promedio, un 3,5% de su presupuesto mensual al pago de la electricidad, según datos del Ministerio de Minas y Energía.

Cambio en el Funcionamiento del Mercado Eléctrico

El decreto 1072 establece que los generadores de energía deben vender al menos el 95% de su producción mediante contratos a largo plazo. Esta regulación busca reducir la exposición de los comercializadores, que venden la energía a familias y empresas, a la volatilidad del mercado. Actualmente, los precios en la Bolsa de Energía fluctúan según la oferta y la demanda, lo que puede resultar en costos más altos, especialmente durante periodos de sequía o alta demanda.

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras de Energía (Andeg), ha expresado su preocupación respecto a esta medida. Aunque reconoce la necesidad de cambios, sugiere que el Gobierno debería ofrecer incentivos en lugar de imponer obligaciones. Según él, la exigencia no aborda el problema fundamental de la capacidad de generación de electricidad, que se ha mantenido limitada. Castañeda destaca que, sin un aumento en la oferta, será difícil conseguir más contratos y mejores precios.

Proceso de Reglamentación

La implementación del decreto no será inmediata, ya que requiere reglamentación por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) en un plazo de tres meses. Según el Ministerio de Minas y Energía, las fallas estructurales del mercado hacen que un esquema voluntario, donde los generadores decidan sus ventas, no sea viable. Muchas empresas, como EPM, ENEL, Isagen y Celsia, tienen incentivos para especular en el mercado debido a la falta de competencia y la naturaleza pasiva de la demanda en este sistema, lo que contribuye a la volatilidad.

Impacto en los Usuarios Finales

El Gobierno argumenta que los altos precios han afectado a los usuarios, especialmente durante fenómenos como ‘El Niño’, que limita la capacidad de los embalses y obliga a utilizar fuentes térmicas, más costosas. En julio de 2024, un hogar promedio en Colombia paga 61.025 pesos por un consumo mensual de 250 kWh, cifra superior a la de otros países de la región, como Perú y Chile.

Segundo Decreto y Metas a Largo Plazo

El decreto 1091 complementa la estrategia, estableciendo lineamientos para la contratación a largo plazo de proyectos eléctricos a través de todos los eslabones de la cadena, desde la generación hasta la distribución. La meta es fortalecer la matriz energética y reducir la variabilidad en los recursos energéticos, además de incentivar el uso de fuentes no convencionales de energía renovable, como la biomasa, eólica o solar. El ministro Edwin Palma ha subrayado que la intención es evitar que los colombianos paguen más por la energía debido a la especulación.

Tensión con los Gremios del Sector

Esta intervención ha generado tensiones con los gremios del sector. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, ha señalado que la incertidumbre regulatoria y los retrasos en proyectos dificultan la inversión necesaria para asegurar la confiabilidad energética. Gutiérrez argumenta que atribuir las fluctuaciones de precios a conductas anticompetitivas carece de evidencia técnica, dado que los generadores están sujetos a una supervisión constante.

Por último, Acolgen advirtió que el verdadero problema reside en la escasa llegada de nuevos proyectos, argumentando que el país necesita reglas estables y una visión a largo plazo para garantizar un suministro energético constante.