El Gobierno de España ha expresado su desacuerdo con la condena impuesta al fiscal general, Álvaro García Ortiz, pero ha decidido mantener una postura moderada en su respuesta oficial. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha declarado que se respeta el fallo judicial, aunque ha anunciado que en los próximos días se nombrará a un nuevo fiscal general del Estado, obligando a la salida de García Ortiz. Durante una comparecencia en La Moncloa, Bolaños ha instado a la calma a la ciudadanía, enfatizando que la discrepancia con la sentencia no debe traducirse en desconfianza hacia las instituciones. “España es un Estado de Derecho con garantías para resolver las discrepancias judiciales”, ha afirmado.
Reacciones del Gobierno y la Justicia
El mensaje del ministro de Justicia ha sido claro: el Gobierno considera que el fallo carece de fundamento y ha defendido públicamente la inocencia del fiscal general. En la comparecencia, Bolaños también abordó las críticas dirigidas a periodistas y funcionarios involucrados en el caso. “Este Gobierno apoyará siempre su trabajo y su derecho a ejercerlo con garantías”, aseguró, apuntando a la defensa de la labor de la Fiscalía.
Pese a la cautela de la respuesta oficial, la indignación es palpable dentro del Ejecutivo. Varios ministros han manifestado en privado su fuerte disconformidad con la sentencia, citando la falta de pruebas como un factor decisivo. Se anticipa que, una vez se conozcan los argumentos de la sentencia, el Gobierno podría adoptar una postura más contundente.
Opiniones de Sumar y otras fuerzas políticas
La coalición Sumar, socio del Gobierno, ha calificado la condena como un “golpe judicial en toda regla”, alegando que carece de pruebas directas y que su objetivo es interferir en la vida democrática del país. “El caso es un ataque contra el Estado de derecho y una manipulación de las instituciones para desestabilizar un Gobierno legítimo”, han indicado fuentes del partido.
El coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, se ha manifestado en contra de la decisión del Tribunal Supremo, etiquetándola como un reflejo de instituciones influenciadas por la derecha. Desde Compromís, se ha denunciado la sentencia como un “golpe blando” contra el Gobierno y una amenaza a la libertad de prensa.
Críticas desde la oposición
Por su parte, el portavoz adjunto de Vox ha criticado al Gobierno, subrayando la irresponsabilidad del mismo dado el contexto de condenas en sus filas. Santiago Abascal, presidente de Vox, ha añadido que esta situación marca un hito en la historia española que podría resultar en consecuencias legales para el actual presidente.
El portavoz de ERC ha relacionado la sentencia con casos de corrupción que involucran a la presidenta de la Comunidad de Madrid, comentando que la justicia parece proteger intereses políticos específicos. La tensión entre las diferentes fuerzas políticas respecto a este fallo judicial sigue marcando el debate público en España.
