El Gobierno de Gustavo Petro ha aprobado una serie de decretos bajo la emergencia económica, evidenciando una crisis fiscal en Colombia. Entre los seis decretos firmados recientemente, dos destacan por aumentar la carga tributaria a las grandes empresas y afectar el sector eléctrico. Además, el Ministerio de Trabajo ha presentado un borrador de decreto que permitiría transferir parte del ahorro pensional de los trabajadores al Estado, lo que ha generado preocupaciones entre diversos sectores.
Contexto de Emergencia Económica
Estos decretos se enmarcan en un contexto de fuertes inundaciones en el Caribe y Chocó, y se justifican en la necesidad de encontrar recursos para cubrir un déficit fiscal estimado en 16 billones de pesos (aproximadamente 4,400 millones de dólares). La situación se complica aún más debido a que el Congreso rechazó la ley de financiamiento que el Ejecutivo había propuesto, y un 90% de las apropiaciones presupuestarias son intocables por ley.
Aumento del Impuesto al Patrimonio
Uno de los decretos más significativos es el 173, que reactiva el impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Las entidades con un patrimonio líquido superior a 10,474 millones de pesos (cerca de 2.8 millones de dólares) deberán pagar un impuesto que se eleva al 1.6% para el sector financiero y extractivo, en comparación con el 0.5% para otros sectores. El Gobierno argumenta que estas empresas, especialmente las del sector financiero, han tenido un aumento notable en sus ganancias, lo que justifica la medida.
El recaudo proyectado por este impuesto es de hasta ocho billones de pesos (2,200 millones de dólares), aunque se estima que podría alcanzar los 13.4 billones (3,600 millones de dólares). Expertos advierten que esta medida podría tener efectos negativos en la inversión extranjera. Por otro lado, la fórmula para calcular el impuesto presenta un problema técnico, ya que se basa en el patrimonio al 1 de marzo de 2026, lo que podría resultar incierto para muchas compañías.
Impacto en el Sector Eléctrico
El Decreto 0177, que impone un 2% adicional sobre las ventas brutas de energía de las generadoras durante seis meses, busca recaudar fondos para la recuperación de cuencas afectadas por la crisis hídrica. Este decreto ajusta también las reglas operativas de los embalses, lo que podría aumentar la presión sobre las infraestructuras ya afectadas. Alejandro Castañeda, presidente de ANDEG, ha cuestionado la medida, señalando que añade una carga financiera al sector eléctrico y podría resultar en aumentos en las tarifas para los usuarios.
Borrador de Decreto de Pensiones
Uno de los temas más controversiales es el borrador de decreto que regula el traslado de recursos desde los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones. Esta medida obligaría a las administradoras a girar capital y rendimientos de afiliados que optaron por cambiar al régimen estatal. El monto total supera los 25 billones de pesos (6,750 millones de dólares), lo que ha levantado alarmas, ya que se cuestiona su legalidad y la posibilidad de que se utilicen estos fondos para propósitos ajenos a pensiones.
Rodrigo Castillo, exvicepresidente de Colpensiones, ha advertido que la medida es ilegal, ya que la Ley 2381 establece que esos ahorros deben permanecer en las AFP hasta que el afiliado cumpla la edad de jubilación. La urgencia de esta transferencia podría explicarse por el déficit existente en el Presupuesto Nacional, exacerbado por el incremento del salario mínimo, que ha elevado los costos del Estado en el pago a pensionados.
En resumen, el Gobierno de Petro busca recaudar recursos frente a una situación fiscal crítica mediante medidas que impactan diversos sectores, desde grandes empresas hasta el ámbito de las pensiones. Sin embargo, estas iniciativas han despertado preocupaciones sobre sus implicaciones a largo plazo.
