El exsecretario mexicano de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ha impugnado la sentencia de 38 años de prisión y una multa de dos millones de dólares impuesta por un juez de Estados Unidos en 2024. Esta condena se debe a su colaboración con el Cartel de Sinaloa durante su gestión en el sexenio del presidente Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), entre 2006 y 2012.
La defensa de García Luna argumenta que se cometieron violaciones graves al debido proceso por parte de los fiscales y del juez del caso, Brian Cogan. Según sus abogados, se dio validez a testimonios de testigos que carecen de credibilidad, lo que, según ellos, contaminó irremediablemente el proceso judicial. En el escrito de impugnación, se indica que la condena fue “procedimental y sustancialmente irrazonable”, basada en información errónea y una pena excesiva para los fines de la sentencia.
El recurso legal, presentado por el abogado César de Castro en la Corte de Apelaciones de Nueva York, sostiene que al menos dos testigos clave de la Fiscalía hicieron declaraciones falsas que podrían haber sido desvirtuadas por evidencias que no se consideraron en el juicio. Uno de los testimonios es el de Francisco Cañedo Zavaleta, un exfuncionario de Seguridad que afirmó haber presenciado, en octubre de 2008, un supuesto secuestro de García Luna por parte del cartel de los Beltrán Leyva como represalia por su colaboración con Joaquín “El Chapo” Guzmán. La defensa argumenta que otros testigos contradijeron la versión de Zavaleta, exponiendo inconsistencias en sus relatos, y que hay evidencia que demuestra que García Luna estaba en un hospital pagando una cuenta durante el supuesto secuestro.
Además, la defensa critica otros errores procesales, como la autorización del juez Cogan para presentar, durante el juicio, evidencia de los bienes de García Luna, lo que pudo haber influido negativamente en la percepción del jurado. Los abogados también señalan que otras condenas a funcionarios de alto nivel por narcotráfico recibieron penas significativamente menores que la impuesta a García Luna, sugiriendo una falta de equidad en su caso.
El caso de García Luna se ha convertido en uno de los más significativos en años recientes, ya que ningún exfuncionario mexicano de su rango había sido previamente enjuiciado por corrupción y crimen organizado. Su relación con el expresidente Calderón y el PAN ha generado un intenso debate político en México. Declarado culpable en 2024, García Luna se encuentra a punto de cumplir dos años de su larga pena de prisión.
