El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó este viernes sobre la firma de prórrogas para los contratos de los cinco operadores privados de aseo, que estaban programados para vencer el próximo 11 de febrero. Este vencimiento obligaría a la ciudad a cambiar su esquema de gestión de residuos, pasando de un modelo de Áreas de Servicio Exclusivo a uno de libre competencia, un proceso que no contaba con claridad operacional ni tarifaria.
Los contratos, inicializados por la Alcaldía de Enrique Peñalosa en 2018 con Proambiental, LIME, Ciudad Limpia, Bogotá Limpia y Área Limpia D.C., tenían un límite de duración de ocho años, que se cumplía en febrero. Sin embargo, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) autorizó una prórroga hasta noviembre de 2027, mediante un régimen especial transitorio.
El alcalde recordó que esta prórroga se enmarca en las decisiones de la CRA y en un auto de la Corte Constitucional que advertía sobre un vencimiento sin una transición clara. Este escenario representaba un riesgo significativo para los derechos de los recicladores de oficio, reconocidos como sujetos de especial protección constitucional debido a su vulnerabilidad y su importancia en la recolección de basuras.
Las prórrogas, según Galán, “garantizan la continuidad del manejo de basuras en Bogotá durante los próximos dos años”. La resolución de la CRA condiciona esta extensión, que dura 21 meses, a que el Distrito implemente un nuevo esquema que asegure las protecciones para los recicladores y defina un nuevo marco tarifario. Este proceso debe completarse antes de mayo, y mientras tanto, se mantendrán las tarifas actuales.
Además de garantizar la continuidad del servicio, que es crucial para la recolección de las 6.400 toneladas diarias de residuos que genera Bogotá, Galán anunció que los operadores llevarán a cabo “mejoras operativas”. Se prevé la llegada de 35 nuevos camiones compactadores, y el Distrito trabajará en el fortalecimiento de las capacidades de seguimiento y monitoreo en la recolección.
Por otro lado, la empresa pública Aguas de Bogotá, que forma parte de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, aumentará su capacidad de recolección desde la próxima semana. Se espera que pase de recoger 300 toneladas diarias de residuos voluminosos (como muebles y escombros) a casi 1.000 toneladas. Este tipo de residuos no son manejados por los operadores privados debido a su tamaño y a que no están incluidos en los contratos de 2018.
Según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la disposición inadecuada de estos residuos ha sido la principal causa de los llamados puntos críticos, donde se acumulan basuras durante días, creando botaderos ilegales que impactan negativamente el entorno. La UAESP ha reportado una reducción de estos puntos, pasando de 622 en 2024 a 469 en 2025.
Esta renovación de contratos se produce tras los vaticinios de la UAESP sobre un posible cambio hacia la libre competencia en la gestión de residuos. La CRA había rechazado en dos ocasiones las propuestas del Distrito, lideradas por la anterior directora de la entidad, para mantener el modelo de Áreas de Servicio Exclusivo, presentando argumentos legales, técnicos y financieros en su defensa.
Con la firma de estas prórrogas, el Distrito tiene la oportunidad de reorganizar su modelo de manejo de basuras, un tema que ha suscitado críticas significativas de la ciudadanía. Para noviembre de 2027, Galán estará a un mes de entregar su cargo al próximo alcalde electo.
