Alarmante Aumento del Reclutamiento Forzado de Menores en Colombia

Recientemente, se ha confirmado la trágica noticia de que una operación de las Fuerzas Militares contra las disidencias comandadas por Iván Mordisco resultó en la muerte de al menos siete menores de edad, víctimas del reclutamiento forzado. Además, Medicina Legal reportó que entre agosto y noviembre de este año, al menos 15 menores han fallecido en bombardeos realizados por las Fuerzas Militares, lo que indica que las cifras son aún más preocupantes.

Un Problema Crónico

Esta no es la primera vez que se presentan casos similares. En 2019, el entonces ministro de Defensa renunció tras un escándalo que denunciaba la muerte de al menos siete menores en un ataque aéreo. Las cifras de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado colombiano se recogen en el informe titulado Una guerra sin edad (2017), que sigue siendo relevante en el contexto actual.

El Fracaso Estatal en la Protección de Menores

La situación es alarmante, dado que el Estado colombiano continúa fallando en su misión de proteger a los menores del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. Esto ocurre en un gobierno autodenominado progresista, el cual ha prometido ser un agente de cambio bajo el lema “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”. Sin embargo, muchas de las acciones han resultado insuficientes y se han perdido oportunidades de transformación.

La Narrativa del Gobierno y sus Limitaciones

El presidente Gustavo Petro, aunque consciente de la complejidad de los problemas, ha sido criticado por no tomar medidas eficaces. Por ejemplo, tras una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, el presidente sugirió “tratar a los jóvenes vinculados al Tren de Aragua con amor”. Aunque los lazos familiares son importantes, tales afirmaciones tienden a simplificar el problema, al atribuir casi toda la responsabilidad a las madres.

Desviación del Debato Público

Las reacciones de Petro y de su gabinete han incluido justificaciones sobre los bombardeos, argumentando que estos son necesarios para enfrentar a los grupos armados ilegales. Sin embargo, esta narrativa crea un ciclo de evasivas, donde la conversación se enfoca más en la acción militar que en la prevención del reclutamiento forzado de menores. Este enfoque puede llevar al público a considerar la muerte de menores como una consecuencia inevitable en el contexto del conflicto.

Cifras Alarmantes de Reclutamiento

Según datos de la Defensoría del Pueblo, entre enero y octubre de 2025 se han reportado 162 casos de reclutamiento forzado, siendo los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó, Huila y Nariño los más afectados. En 2023, se alertó sobre la alta vulnerabilidad de los jóvenes indígenas en el Pacífico colombiano, donde algunos han llegado a quitarse la vida debido al temor del reclutamiento.

Inacción Crónica y Falta de Voluntad Política

A pesar de las alarmas, la respuesta del Estado ha sido mínima. La obsesión por la lucha contra el narcotráfico ha desviado la atención hacia problemas igualmente graves, como el feminicidio y el reclutamiento de menores. El enfoque limitado en la seguridad relacionado con el tráfico de drogas ha oscurecido la necesidad urgente de abordar estos fenómenos.

No obstante, Colombia cuenta con un diagnóstico y programas estatales, aunque desarticulados, así como con una comunidad civil comprometida. La clave es la voluntad política para actuar. Un país no puede proclamarse “potencia de la vida” mientras sus menores siguen en riesgo de ser reclutados o pierden la vida a causa del conflicto armado.