La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación sobre las inversiones ilegales de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) en bonos basura. Esta indagatoria, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, se enfoca en el desvío de recursos públicos utilizando instrumentos financieros de alto riesgo, una práctica que contraviene la ley. Las inversiones, que suman un total de 393 millones de pesos, fueron autorizadas por la rectora de la UAA, Yesenia Pinzón, en 2023. Actualmente, estos fondos se consideran perdidos y la rectora busca su reelección en un proceso electoral programado para este jueves.
Yesenia Pinzón ha negado su implicación en el desvío de fondos durante sus apariciones ante la comunidad universitaria, alegando que ha tomado medidas para denunciar el ilícito a las autoridades competentes. Sin embargo, documentos revelan su firma en las autorizaciones para estas inversiones. Además, un exdirectivo de la UAA ha denunciado que fue presionado por la rectora y otros funcionarios para ocultar los comprobantes de las inversiones, lo que le llevó a su despido y a ser acusado falsamente de participar en el desfalco.
La controversia relacionada con las inversiones ilegales se origina en 2020, durante la gestión del exrector Francisco Javier Avelar. La denuncia presentada por Enrique Jiménez, entonces director del Departamento de Análisis Financiero, detalla cómo se establecieron las primeras negociaciones entre la UAA y CI Banco. Este último, que fue liquidado recientemente por el Gobierno federal en medio de acusaciones de lavado de dinero, actuó como intermediario entre la universidad y una empresa fantasma llamada Corafi, conocida por defraudar a diversas instituciones públicas mediante la colocación de bonos basura.
A principios de 2023, la UAA, junto con otras entidades en Aguascalientes, sufrió pérdidas millonarias debido a este esquema fraudulento. En total, la Fiscalía estatal, el fondo de seguridad social para burócratas del Estado (ISSSSPEA) y la UAA se vieron directamente afectados. Durante la gestión de Avelar, se realizó una inversión inicial de 200 millones de pesos, supuestamente sin el consentimiento del Consejo Universitario. Tras asumir su cargo, Pinzón autorizó que la inversión se prorrogara, agravando la situación financiera de la universidad.
Un representante de la entidad bancaria notificó a la UAA que el emisor de los bonos no tenía la capacidad de liquidar sus obligaciones. A pesar de ese aviso, en marzo de 2023, Pinzón aprobó una nueva inversión de 100 millones de pesos con otra empresa, One de M3X1C0, en condiciones similares a las de las inversiones previas. Esta última también resultó en pérdidas, ya que One de M3X1C0 fue declarada en quiebra a principios de 2024.
Cuando surgieron las primeras alertas sobre el fraude financiero, Pinzón y el jefe del Departamento Jurídico, Jesús Torres, presionaron a Enrique Jiménez para ocultar documentación relevante relacionada con las inversiones. Jiménez documentó a través de mensajes de WhatsApp las instrucciones dadas por la rectora y su abogado, quienes buscaban evitar que información comprometida saliera a la luz. Después de acatar la orden, Jiménez fue destituido y señalado como responsable de los desvíos.
En declaraciones, el exfuncionario destacó que Pinzón había hecho afirmaciones falsas sobre su participación en las inversiones, un hecho que considera totalmente improcedente. Mientras la rectora se prepara para buscar su reelección, la elección sigue un proceso en el que la comunidad universitaria vota para seleccionar una terna, que luego es evaluada por la Junta de Gobierno.
