El escándalo que afecta al Gobierno de Gustavo Petro ha desembocado en una nueva investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. La entidad anunció en un comunicado que comenzará a indagar sobre la posible cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las FARC. Esta indagación se produce tras las revelaciones de Noticias Caracol, que indican que la disidencia liderada por Alexander Díaz, conocido como Calarcá Córdoba, ha accedido a información sensible de las fuerzas de seguridad, eludiendo operativos militares y facilitando sus movimientos en Colombia.
Investigaciones sobre la campaña presidencial
Además, la Fiscalía examinará conversaciones internas de los disidentes, que sugieren la infiltración de fondos en la campaña presidencial de Petro en 2022, a través de la actual vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. Este expediente aborda amenazas a la seguridad nacional y alianzas entre distintos actores ilegales, así como la creación de empresas de vigilancia vinculadas a estructuras criminales. La información que ha salido a la luz proviene de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín) y ha sido reportada a una fiscal especializada en Medellín.
Incautación de pruebas en Anorí
Las pruebas fueron recuperadas durante un operativo en Anorí, Antioquia, el 23 de julio de 2024. En este operativo, fueron detenidos varios individuos, incluyendo a Calarcá Córdoba. Aunque algunos de ellos terminaron en libertad debido a órdenes de captura suspendidas por su rol en las negociaciones con el Gobierno, la Fiscalía no reportó los hallazgos a la fiscal general Luz Adriana Camargo ni a otros niveles jerárquicos de la entidad. Sin embargo, la Dijín ha presentado cinco informes técnicos a la fiscalía encargada del caso.
Altos mandos implicados
Uno de los personajes clave en esta supuesta colaboración es el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, con responsabilidades en nombramientos y traslados. Huertas, aunque retirado durante el Gobierno de Iván Duque, volvió a la esfera pública al apoyar la campaña presidencial de Petro en 2022. Según los informes, convivió en sus funciones con la Dirección Nacional de Inteligencia, facilitando el acceso de la disidencia a información confidencial, lo que les permitió evadir operaciones militares. La Fiscalía ha remitido esta información a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia para que proceda con las investigaciones correspondientes.
Operaciones de seguridad privada
Otro implicado es Wilmar Mejía, director de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia. Se le atribuye haber colaborado con Huertas en la fuga de información y en la creación de empresas de seguridad privada para dotar a los disidentes de acceso a armas y permisos de movilidad. Según las fuentes, el objetivo era «legalizar» a un grupo de aproximadamente 20 hombres para asegurar los desplazamientos de los líderes del grupo armado.
Negociaciones de paz y reacciones del Gobierno
El Gobierno de Gustavo Petro, desde octubre de 2023, lleva a cabo negociaciones de paz con la facción liderada por Díaz, que se separó del Estado Mayor Central de Iván Mordisco. Estas conversaciones se han desarrollado bajo un cese al fuego bilateral durante 2024, y los representantes de las disidencias gozan de protección legal. La Fiscalía ha dejado claro que solo se pueden realizar detenciones en flagrancia por delitos de lesa humanidad o violaciones de derechos humanos.
A medida que avanzan las negociaciones, los ecos judiciales de este nuevo expediente repercuten en el ámbito político. Altos funcionarios, incluyendo al ministro de Defensa y al director de Inteligencia, han manifestado su compromiso de investigar las circunstancias, mientras el presidente ha aludido a diversas realidades, aun sin ofrecer pruebas concretas.
