La Fiscalía General de la Nación ha imputado en la tarde de este jueves a **Juliana Guerrero** por el delito de **fraude procesal**, relacionado con sus presuntos títulos falsos emitidos por la **Fundación Universitaria San José**. La acusación sostiene que Guerrero, cercana al presidente **Gustavo Petro** y que aspiró a ser viceministra de Juventud, tenía pleno conocimiento de que sus diplomas de contadora y técnica en contaduría eran falsos, los cuales utilizó para postularse a un cargo público.
Durante la audiencia, la fiscal **Jessica Montealegre** argumentó que Guerrero nunca asistió a clases ni presentó los exámenes requeridos, incluyendo la pruebas Saber Pro, un requisito indispensable para graduarse. A pesar de esto, Guerrero aún se mantiene como delegada del presidente Petro en el consejo directivo de la **Universidad del Cesar** y tiene influencia en los círculos cercanos al mandatario. Al finalizar la audiencia, Guerrero declaró que no acepta los cargos en su contra.
La investigación de la Fiscalía revela que fue Guerrero quien cargó los títulos falsos a la plataforma del Estado, **Sigep II**, para cumplir con los requisitos académicos exigidos para su candidatura como viceministra. La fiscal Montealegre indició que su intención era inducir al **Ministerio de Igualdad** a cometer un error, lo que le permitiría obtener el cargo.
«Juliana Guerrero sabía del uso fraudulento de los medios que empleaba para alcanzar su objetivo. Tenía pleno conocimiento de la falsedad de los títulos académicos y decidió, de manera voluntaria, incluirlos en su hoja de vida para engañar a los nominadores», enfatizó la fiscal durante la audiencia. Además, se le investiga por **falsedad en documentos públicos**, dado que los títulos académicos son emitidos con autorización del **Ministerio de Educación**, lo que les confiere un carácter público.
La audiencia se llevó a cabo ante el juez 38 penal de control de garantías en Bogotá, tras varias citaciones fallidas en las que Guerrero argumentó no contar con un abogado de confianza.
Asimismo, se han presentado cargos contra **Luis Carlos Gutiérrez**, exsecretario general de la Fundación San José, por **falsedad ideológica en documento público**. Según la Fiscalía, Gutiérrez facilitó los títulos para Guerrero y, hace algunos meses, reconoció en un acta interna que ella se graduó sin cumplir con los requisitos necesarios. «En su cargo, autorizó y expidió diplomas académicos falsos y actas de grado con fechas del 1 de julio de 2025, afirmando que Guerrero había cumplido con todos los requisitos legales, cosa que no era cierta», sostiene el ente acusatorio.
El caso contra Guerrero ha generado atención desde el año pasado, cuando diversas denuncias de medios de comunicación y de la congresista **Jennifer Pedraza** revelaron que esta nunca presentó el examen Saber Pro, lo que llevó al presidente Petro a retirar su postulación para el cargo de viceministra. Recientemente, Petro también designó a **Nhora Yhanet Mondragón** como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, quien es cercana a Guerrero.
El ascenso de Juliana Guerrero en el ámbito del poder en Colombia ha sido vertiginoso y complicado de explicar. En poco tiempo, pasó de ser una activista del movimiento estudiantil de la **Universidad Popular del Cesar** a ocupar posiciones relevantes en el gobierno, como en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y como enlace territorial del **Ministerio del Interior**, todo ello sin haber completado sus estudios universitarios o tener experiencia laboral relacionada.
La Fiscalía también investiga si el caso de Guerrero refleja un problema sistemático en la formación académica de los funcionarios del gobierno. Según denuncias de la representante a la Cámara **Catherine Juvinao**, del **Partido Verde**, la Fundación Universitaria San José habría graduado de forma irregular a al menos 24 funcionarios y contratistas del gobierno actual, incluidos empleados del despacho presidencial. Seis de estos trabajadores habrían recibido títulos de técnicos o tecnólogos sin haber presentado el examen Saber Pro, mientras que 18 más realizaron la prueba semanas o meses después de haber recibido su diploma, lo que invalida dichos títulos de acuerdo a la **Ley 1324 de 2009** y al **Decreto 4216** de ese mismo año, que estipulan que esta prueba es un requisito previo y obligatorio para la obtención de un título profesional.
