Familiares de víctimas del fentanilo en Argentina claman por justicia: “Es una masacre”

Familiares de víctimas del fentanilo en Argentina claman por justicia: “Es una masacre”

La Crisis del Fentanilo Contaminado en Argentina

La alarma sanitaria se encendió inicialmente en los pasillos de terapia intensiva del Hospital Italiano de La Plata, ubicado a unos 60 kilómetros de Buenos Aires. Los familiares de los pacientes expresaban su preocupación: “Se están muriendo muchos”. Era abril y el temor a perder a un ser querido se hacía cada vez más palpable. Esta tragedia se extendía a otros centros médicos del país, aunque nadie sospechaba que las muertes eran causadas por fentanilo clínico contaminado con dos bacterias altamente resistentes. Este potente opiáceo, utilizado como anestésico y para el control del dolor, resultaba en severas complicaciones respiratorias y, en muchos casos, en la muerte.

Investigación y Consecuencias

Seis meses después de que comenzara esta crisis, se han investigado 124 muertes relacionadas, lo que ha llevado a la detención y procesamiento en prisión preventiva de los directivos de los laboratorios argentinos responsables de la producción de fentanilo. Las familias de las víctimas sostienen que el número real de fallecimientos podría ser considerablemente mayor y exigen una investigación exhaustiva que abarque toda la cadena de responsabilidades en esta catástrofe sanitaria sin precedentes.

El 7 de octubre, en la ciudad de Rosario, se realizó un homenaje que incluyó claveles blancos, velas encendidas y carteles con los rostros de los responsables. Los asistentes llevaban pancartas que decían «El control falló y apagaron sus vidas», lo que resaltaba las irregularidades en los laboratorios involucrados, que habían sido pasadas por alto durante muchos años. La última inspección llevada a cabo, a finales de 2024, reveló «deficiencias críticas» que comprometían la calidad y seguridad de los medicamentos, aunque la clausura oficial del laboratorio solo se ordenó tres meses después de que se distribuyeran más de 300,000 ampollas de fentanilo contaminado a 118 centros médicos en todo el país.

Historias de Víctimas

Las historias de las familias afectadas comparten un hilo común: la angustia por la aparición repentina de enfermedades respiratorias. Ivana Esteban, por ejemplo, perdió a su madre, Ángela Campos, de 75 años, a causa del fentanilo adulterado. “Fue un asesinato silencioso”, expresó Esteban, al tiempo que recordaba cómo su madre había ingresado al hospital por una infección y falleció por complicaciones derivadas de una neumonía bilateral a los pocos días. La desesperación y la falta de información clara sobre el estado de los pacientes fueron recurrentes. “Todos los días veíamos a alguien salir llorando de terapia intensiva”, agregó.

Los médicos de La Plata identificaron el problema tras un brote de Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii que dejó 18 fallecidos. Alertaron a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el 7 de mayo, lo que llevó a que esta entidad emitiera una alerta para restringir el uso del fentanilo contaminado. Aunque se detuvo su uso en algunas áreas, los testimonios de familias como el de Ana Belén Salazar, quien murió días después de la alerta, sugieren que el fentanilo siguió administrándose en otros lugares hasta junio.

Consecuencias Judiciales

El caso judicial está en manos del juez Ernesto Kreplak y se han procesado a 16 personas por el presunto delito de adulteración de sustancias medicinales, lo que ha causado la muerte de al menos 20 personas. La fiscal María Laura Roteta ha destacado la complejidad del caso, que involucra un gran número de víctimas y un conglomerado empresarial organizado. Los responsables enfrentan penas de hasta 25 años de prisión.

Las familias buscan que se extienda la investigación a los organismos de control, además de exigir renuncias dentro del Gobierno, que ha reducido fondos y personal en la ANMAT. Consciente de la gravedad de la situación, el Congreso ha creado una comisión de investigación para analizar las fallas y las normativas que podrían prevenir futuros episodios. La diputada Mónica Fein ha recordado la necesidad de un Estado fuerte como regulador y controlador en el ámbito sanitario, especialmente después de un caso tan devastador.

Mientras tanto, las familias unidas por esta tragedia piden justicia y visibilidad para lo sucedido. “Queremos que se sepa que hubo negligencias y que no descansaremos hasta que se haga justicia”, afirma Luis Ayala, padre de una de las víctimas. La lucha continúa en busca de respuestas claras y justicia para aquellos que han perdido a sus seres queridos en esta crisis sanitaria.

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