Aprobación unánime en el Senado mexicano para combatir la extorsión
El Senado mexicano ha dado un paso significativo en la lucha contra la extorsión, aprobando por unanimidad un conjunto de cambios importantes al proyecto de ley enviado por la Cámara de Diputados. Esta nueva legislación, conocida como la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, busca establecer un marco más robusto para combatir este delito en las 32 entidades del país.
Homologación del delito y penas más severas
Entre las reformas más destacadas, se incluye la homologación del delito de extorsión, permitiendo su persecución sin la necesidad de un denunciante identificado. Esto significa que las autoridades podrán investigar de oficio, un aspecto crucial para abordar la magnitud de este crimen. El endurecimiento de las penas también ha sido un tema central de la discusión, estableciendo un máximo de 42 años de prisión, dependiendo de una serie de agravantes. Anteriormente, las penas eran notoriamente más laxas.
Modificaciones clave tras la intervención del bloque opositor
El bloque opositor, compuesto por los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, ha influido en la segunda vuelta del proceso legislativo. Desde el inicio de la discusión en octubre, estos partidos manifestaron preocupaciones sobre las sanciones insuficientes para un delito que afecta drásticamente a diversos sectores en México. La nueva legislación fija penas mínimas de 15 a 25 años, considerablemente más estrictas que las de seis a 15 años que se discutieron anteriormente.
Cambios en la responsabilidad de funcionarios
Además, las sanciones para funcionarios como policias y ministerios públicos que omitan denunciar casos de extorsión se han modificado, aumentando de cinco a 12 años, según la propuesta original de Claudia Sheinbaum, a una pena de 10 a 20 años. Este ajuste ha sido reconocido positivamente por varios legisladores.
El desafío del presupuesto para implementar la ley
Sin embargo, la ley enfrenta un reto importante: la falta de presupuesto específico para su ejecución. Legisladores opositores han advertido que, sin recursos adecuados, esta iniciativa podría quedar en simples intenciones. Guadalupe Murguía, del PAN, enfatizó la necesidad de garantizar recursos para la implementación efectiva de la ley, mientras que Carolina Vigiano del PRI, subrayó la importancia de fortalecer las instituciones policiales y ministeriales para asegurar su funcionalidad.
Próximos pasos en el proceso legislativo
El Senado ha comenzado a discutir las reservas y propuestas de modificación al dictamen, aunque no se anticipa la aprobación de cambios adicionales. El proyecto será enviado nuevamente a la Cámara de Diputados, donde se espera su ratificación, según declaraciones de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro.
