Estados Unidos y los Secretos Revelados del Palacio de Justicia

Estados Unidos y los Secretos Revelados del Palacio de Justicia

Investigaciones sobre la Toma del Palacio de Justicia: Un Rompecabezas Inconcluso

Desde los trágicos eventos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia de Bogotá, han transcurrido diez gobiernos, numerosas comisiones de la verdad, informes académicos y documentales, pero aún persisten los vacíos para esclarecer completamente lo sucedido.

Documentos Reservados y su Importancia

Una parte crucial de esta historia está en los archivos que Estados Unidos mantiene en reserva. Los documentos del Comando Sur, el Pentágono y la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) son esenciales para entender las decisiones y acciones de la inteligencia colombiana y estadounidense durante esos días fatídicos.

En septiembre de 2023, la ONG National Security Archives (NSA) hizo pública una significativa serie de doce documentos desclasificados del Departamento de Estado y del Pentágono, que revelan detalles sobre el papel de Estados Unidos en el despliegue del Ejército colombiano durante la retoma del Palacio.

Estos documentos indican que Estados Unidos envió un avión C-130, explosivistas y agentes de inteligencia con el fin de apoyar a las fuerzas colombianas. También se detalla que personal de la embajada estadounidense se comunicó en tiempo real con personas dentro del Palacio para obtener información actualizada sobre la situación.

Dudas Persistentes y Testimonios Reveladores

Los documentos han suscitado nuevas preguntas: ¿Utilizó el Ejército colombiano material de guerra estadounidense para llevar a cabo la explosión que resultó en muertes? Las familias de las víctimas han solicitado insistentemente la desclasificación de los archivos pertinentes para que se eliminen las censuras sobre información crucial.

Helena Urán, activista y autora del libro *Deshacer Nudos*, ha planteado interrogantes sobre la ayuda estadounidense y los canales de comunicación entre la Embajada y el Palacio. En su primer libro, *Mi vida y el Palacio: 6 y 7 de noviembre de 1985*, ya había subrayado la importancia de acceder a estos archivos.

El exagente de inteligencia José Dorado Gaviria ha aportado importante información sobre lo ocurrido. En diversas entrevistas, ha descrito las ejecuciones extrajudiciales y torturas perpetradas durante la retoma, así como la importancia del rol de la inteligencia militar en la operación. Según sus afirmaciones, los explosivos enviados por el Comando Sur se utilizaron para lograr acceso a áreas donde se mantenían a civiles rehenes.

Conflictos de Interés y Ocultaciones

Dorado narra también que altos mandos militares, como el coronel Plazas Vega, respondían a las órdenes del plan de inteligencia militar. Destaca la coincidencia de estas acciones con el entrenamiento recibido en la Escuela de las Américas, alineados con la política de Estados Unidos en la región.

Un oficial del Ejército ha afirmado ante la Comisión de la Verdad que participó en la tortura de cerca de 20 personas entre el 7 y el 15 de noviembre de 1985, contribuyendo a la elaboración de informes que delinean centros de detención y tortura utilizados por la inteligencia. Esta información se alinea con lo documentado en el proyecto *Las cajas negras de la desaparición forzada*, promovido por la Comisión de la Verdad de Colombia.

Responsabilidades y Reflexiones a Futuro

Pese a la implicación de actores civiles, el mando militar fue quien controló la situación y ejecutó órdenes durante la retoma. La entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, admitió que la operación fue fundamentalmente militar y no hubo espacio para una solución política.

Los cables desclasificados por la NSA también plantean contradicciones en la postura del presidente Belisario Betancur respecto a un enfoque negociador con el M-19, lo que añade complejidad a la narrativa histórica de estos eventos.

A pesar de las solicitudes del gobierno colombiano para desclasificar documentos, el avance ha sido escaso, lo que plantea interrogantes sobre la transparencia de Estados Unidos en estos asuntos. A diferencia de su colaboración con otros países de América Central, donde se han desclasificado archivos relacionados con derechos humanos, Colombia sigue esperando respuesta.

Mientras que la verdad sobre estos eventos permanece oculta, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia. El reconocimiento oficial de las violaciones a los derechos humanos y el arrepentimiento por parte de los actores involucrados son esenciales para avanzar. La desclasificación de documentos será determinante para entender y sanar las heridas de esta triste parte de la historia de Colombia.

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