El Gobierno de Estados Unidos está delineando un enfoque estructurado para «gestionar» la situación en Venezuela, que se dividirá en tres fases. Así lo ha anunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, tras una reunión en el Congreso donde presentó el plan más exhaustivo hasta la fecha tras la captura de Nicolás Maduro. La primera fase se centrará en la estabilización económica; la segunda, en la recuperación, con un enfoque en la reconciliación nacional; y la tercera fase implicará la transición hacia elecciones libres. Estados Unidos, además, planea mantener un «control indefinido» sobre el petróleo venezolano, según declaró el secretario de Energía, Chris Wright.
La propuesta, según Rubio, representa una tutela prolongada de la administración estadounidense sobre el país sudamericano. Según sus palabras, «tenemos un proceso en marcha en el que contamos con un control y capacidad de presión sobre lo que pueden hacer las autoridades provisionales». Junto a él, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, coordinará la política hacia Venezuela, subrayando que el futuro del país dependerá en última instancia de su pueblo.
En la fase de estabilización, el sector petrolero jugará un papel clave. Rubio mencionó que los Estados Unidos aplicarán una «cuarentena» sobre el crudo venezolano y los buques que lo transportan. Recientemente, se incautaron dos barcos que transportaban petróleo, lo que muestra que ya están en marcha acciones concretas. Según el plan, se espera que Venezuela ceda entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, que se venderán a precios de mercado, a diferencia de las prácticas anteriores del régimen.
Control Indefinido del Sector Petrolero
La estrategia para el crudo venezolano suscita interrogantes sobre su implementación. La Constitución de EE.UU. confiere al Congreso el poder de decidir sobre el gasto gubernamental; sin embargo, Wright ha indicado que Washington puede controlar el crudo «indefinidamente» para ejercer presión sobre el régimen venezolano. Los ingresos obtenidos se destinarían a estabilizar la economía y compensar a las empresas estadounidenses por los activos nacionalizados durante la presidencia de Hugo Chávez en 2007.
Venezuela, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, con aproximadamente 300.000 millones de barriles, ha visto una drástica reducción en su producción, que actualmente representa solo el 1% del total mundial. Bajo este nuevo esquema, el crudo venezolano también podría ser vendido por el país, siempre que EE.UU. considere que las transacciones beneficien sus intereses de seguridad nacional, según indicó el vicepresidente J.D. Vance.
La segunda fase del plan se enfocará en la recuperación del sector petrolero y las instituciones tras años de gobierno chavista, garantizando acceso al mercado para empresas estadounidenses y occidentales. En este contexto, se iniciarán los pasos hacia la reconciliación nacional.
En la fase final, se buscará reconstruir la sociedad civil y avanzar hacia un gobierno democrático. Rubio mencionó que uno de los objetivos será liberar a los opositores encarcelados y brindarles amnistía. A pesar de la ambición del plan, no se prevé el despliegue de militares estadounidenses en Venezuela, aunque el presidente Trump ha mencionado esta posibilidad en ocasiones.
El Gobierno también ha decidido mantener un extenso despliegue naval alrededor de Venezuela, lo que le permite aumentar la presión sobre el régimen en caso de que no se sigan las directrices estadounidenses.
El anuncio del plan ha generado divisiones entre los legisladores. Los republicanos han expresado su apoyo, mientras que los demócratas han manifestado su oposición. Algunos críticos, como el senador demócrata Chris Murphy, consideran que el plan representa un intento de apropiarse de los recursos venezolanos mediante la coerción. Otros, como Chris Van Hollen, han subrayado que el presidente no puede usurpar el petróleo venezolano para fines personales.
