El Gobierno de Colombia ha declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, a través del decreto 150 de 2026. Esta medida, respaldada por la firma de todos los ministros del Gabinete, incluido el nuevo encargado de Justicia, Jorge Iván Cuervo, busca abordar una crisis exacerbada por inundaciones que han afectado a más de 154,000 personas y causado la muerte de 7 individuos, además de dejar cerca de 50,000 viviendas dañadas en la región Caribe y el noroeste del país.
El decreto permite al Gobierno, liderado por Gustavo Petro, implementar decisiones sin requerir la aprobación del Congreso, lo que incluye la posibilidad de realizar traslados presupuestales y establecer contribuciones temporales a ciertos servicios públicos. A pesar de que el decreto actual no especifica dichas medidas, la solicitud de acción rápida refleja la urgencia de la situación existente.
La declaración de emergencia actual contrasta con una anterior emitida en diciembre, que fue suspendida por la Corte Constitucional. En esa ocasión, el Gobierno argumentó que su presupuesto de 2026 había sufrido un desfinanciamiento de 16 billones de pesos, tras la negativa del Congreso a aprobar una reforma tributaria, lo que fue considerado insuficiente por el tribunal.
El Ministro del Interior, Armando Benedetti, había expresado expectativas de que los magistrados revocaran la suspensión para poder acceder a los recursos necesarios para enfrentar las inundaciones. A pocas horas de la posesión de Cuervo, se publicó el decreto que otorga atribuciones excepcionales al Gobierno en un contexto que coincide con las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo.
Esta emergencia es presentada por el Gobierno como un evento imprevisto, una de las críticas que recibió en la declaratoria anterior. El documento señala un frente frío que ha provocado lluvias inusuales en un período típicamente seco, y destaca que varios municipios en Córdoba y Sucre han declarado desastres naturales. Además, al menos cuatro embalses se encuentran cerca de su capacidad máxima, lo que sugiere que las inundaciones podrían continuar.
La situación también abre la posibilidad de implementar medidas fiscales excepcionales para combatir la crisis económica. El decreto menciona que las acciones relacionadas con la obtención de ingresos se desarrollarán a través de impuestos directos e indirectos, los cuales serán temporales y se destinarán específicamente a la atención y recuperación de las áreas afectadas.
No es la primera vez que el Presidente Petro declara un estado de emergencia por un problema ambiental. En 2023, lo hizo en la península de La Guajira debido a una crisis humanitaria vinculada al fenómeno de El Niño, pero muchas de las medidas fueron consideradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, que argumentó que el Gobierno debía abordar problemas persistentes mediante procesos regulares en lugar de medidas excepcionales.
En esta ocasión, la gravedad y la naturaleza inesperada de las inundaciones, que han inundado extensas áreas en la capital de Córdoba, Montería, y han dejado a miles de campesinos sin cosechas, animales o viviendas, refuerzan la legitimidad de la declaración. La posibilidad de que centrales hidroeléctricas como Urrá, Hidroituango, Hidrosogamoso y La Miel no puedan manejar el caudal de agua también añade preocupación sobre la situación futura.
