El documental ¡Colombia Vive!: 25 años de resistencia abre con un impactante relato sobre la avalancha del volcán Nevado del Ruiz que devastó Armero el 13 de noviembre de 1985. Esta tragedia se ve paralelamente a los eventos del asalto al Palacio de Justicia, donde el entonces presidente Belisario Betancur expresó: “Estamos siendo visitados por la tragedia, pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante”. Esta reflexión pone en evidencia la dolorosa realidad que enfrentó un país marcado por la violencia y la tragedia.
Lo sorprendente es que, a pesar de la cultura del presidente, cuyo libro favorito era Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, se refirió a esos eventos como tragedias. Según las obras de la antigua Grecia, en las tragedias, los protagonistas se enfrentan a un destino inevitable. Sin embargo, tanto el asalto al Palacio de Justicia como la catástrofe de Armero podrían haberse evitado. Ambas “tragedias” eran conocidas y anunciadas, pero las autoridades no actuaron para prevenirlas, resultando en miles de víctimas inocentes.
Análisis de las “tragedias”
El informe de la Comisión de la Verdad de 2005 confirma que el asalto al Palacio de Justicia por el M-19 era previsible. Un documento del 16 de octubre alertaba sobre la posible toma, pero las autoridades no tomaron medidas preventivas. La falta de acción no puede considerarse un «error fatal», sino una omisión que costó vidas. A esto se suma la retirada de las medidas de seguridad, lo que llevó a una respuesta militar desmedida durante el operativo del Palacio.
La brutalidad del operativo militar, que ignoró los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario, resultó en cientos de víctimas y desaparecidos. No se puede considerar como un intento de retomar el control del Palacio, sino como una destrucción total, provocando la muerte de magistrados y civiles. Este enfoque contradictorio revela una grave crónica de violencia institucional.
Violencia y derechos humanos
El asalto al Palacio by el M-19 bajo el lema de “Operación Antonio Nariño por los derechos del Hombre” también representa una desconexión con los principios de derechos humanos. Esta situación ha perpetuado una relación peligrosa entre política, crimen y violencia en Colombia. La impunidad ha sido una constante tanto para los actores institucionales como para los insurgentes, y este ciclo de violencia ha socavado la democracia en el país.
La realidad es que muchos ciudadanos viven en un contexto neofeudal, subordinados a grupos criminales que luchan por el control territorial, lo que dificulta alcanzar la tan promocionada “Paz Total”. En vez de ello, el país se enfrenta a un caos que continúa perpetuando el conflicto armado.
La catástrofe de Armero
De manera similar, la tragedia de Armero, que dejó alrededor de 25,000 muertos, era previsible. Las advertencias realizadas por geólogos y meteorólogos, como Max Henríquez, fueron ignoradas por las autoridades. El ministro de Minas de la época se negó a implementar medidas de prevención, lo que llevó a una calamidad conocida con anticipación.
Describir estos eventos como tragedias es trivializar la gravedad de la situación y encubrir la falta de responsabilidad por parte de las autoridades. Tanto el Palacio de Justicia como Armero se convirtieron en símbolos de la impunidad y la inacción de quienes estaban en el poder, dejando a miles de víctimas en el olvido.
La historia del Palacio de Justicia sirve como un oscuro presagio de políticas futuras que, bajo eufemismos de “seguridad democrática”, encubrieron actos de terrorismo estatal. Para recuperar una memoria colectiva y contribuir a un futuro en paz, es fundamental abordar la verdad de estos eventos y asumir la responsabilidad adecuada.
Parafraseando el informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la Verdad, es crucial entender que “si hay verdades, habrá futuro”, asegurando que la memoria, la verdad y la rendición de cuentas sean pilares en la construcción de una sociedad más justa.
