El Caso de Mauricio Santoyo: Un Vínculo entre el Estado y el Crimen Organizado
En 2012, el general de la Policía, Mauricio Santoyo, se declaró culpable en una corte federal de Virginia, Estados Unidos, por conspirar para proporcionar apoyo material a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Entre 2001 y 2008, Santoyo mantuvo relaciones con esta organización paramilitar a través de la Oficina de Envigado, un entramado criminal vinculado al narcotráfico en Medellín. Durante este período, admitió haber filtrado información sobre investigaciones en curso y haber recibido dinero a cambio de alertar sobre operativos dirigidos contra la AUC.
Un Vínculo que Revela la Conexión entre el Estado y el Crimen
La confesión de Santoyo no se limitó a un simple vínculo con un grupo criminal; reveló el papel de sectores de la fuerza pública en la consolidación del fenómeno paramilitar, destacando la colaboración entre estructuras armadas legales y criminales. Su trayectoria dentro del Estado fue notable. Desde su tiempo como comandante del GAULA Medellín, encargado de combatir el secuestro y la extorsión, hasta su posicionamiento como jefe de seguridad de la Casa de Nariño durante el primer Gobierno de Álvaro Uribe (2002–2006), Santoyo estuvo en el centro de las operaciones de seguridad del país.
Testimonios que Exponen la Red de Corrupción
La investigación que llevó a su acusación incluyó testimonios de narcotraficantes como Francisco Flórez Upegui y Pedro Gallón Henao, quienes describieron cómo la información confidencial de inteligencia policial llegaba a las AUC. Juan Diego Restrepo, en su obra Las vueltas de la Oficina de Envigado, señala que Santoyo actuó como enlace con otros oficiales corruptos, facilitando el flujo de información que benefició las decisiones de estas estructuras criminales. Exjefes paramilitares, como Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, confirmaron el papel de Santoyo en la provisión de información sobre defensores de derechos humanos y líderes sociales señalados como guerrilleros por las AUC.
La Función del GAULA en la Expansión Paramilitar
La implicación de Santoyo ilustra cómo sectores de la fuerza pública actuaron como pieza clave en el fortalecimiento de las AUC. No solo se trató de omisiones en la acción policial, sino de un uso estratégico de información privilegiada para proteger los intereses del grupo paramilitar. Mancuso declaró que Santoyo colaboró estrechamente con miembros de la Casa Castaño, liderada por Carlos Castaño, uno de los fundadores de las AUC.
Retorno a Colombia y Solicitud de Acogimiento a la JEP
Después de cumplir condena en Estados Unidos y ser liberado en 2020, Santoyo regresó a Colombia y en 2021 solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como agente del Estado. Sin embargo, su situación era compleja, ya que debía aportar información clara sobre su participación en la colaboración con grupos paramilitares, superando lo que ya había admitido en Estados Unidos.
Evaluaciones de la JEP y Futuras Implicaciones Legales
La JEP solicitó a Santoyo detallar su rol en la estructura criminal, identificando a otros mandos y funcionarios, y proporcionar información relacionada con la persecución y el asesinato de personas en el contexto de su colaboración. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas expresó que en noviembre de 2025, su versión no fue coherente ni satisfizo los requisitos de esclarecimiento exigidos, lo que resultó en su expulsión de la JEP y la posibilidad de ser investigado por la justicia ordinaria.
Conclusión
El caso de Mauricio Santoyo ejemplifica la compleja relación entre el Estado colombiano y el crimen organizado. Su actuación en la fuerza pública y las conexiones con las AUC continúan alimentando el debate sobre la responsabilidad de las instituciones frente al fenómeno paramilitar.
