Corrupción en el CNIO: Un escándalo de 30 millones de euros
Durante más de 15 años, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) fue un epicentro de corrupción, donde sus líderes habrían sustraído hasta 30 millones de euros de fondos públicos mediante la manipulación de contratos. Esta devastadora acusación fue revelada por José Manuel Bernabé, quien dejó su cargo de gerente del CNIO hace unos días tras un episodio de denuncia por presunto acoso. Bernabé ha proporcionado detalles sobre la supuesta trama a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF).
En el centro de este escándalo se encuentra Juan Arroyo, gerente del CNIO desde 2009 hasta su despido en 2025. Bernabé denuncia malversaciones, documentos falsificados y tráfico de influencias, señalando que algunos trabajadores contratados con dinero público realizaban labores personales para Arroyo. Las denuncias de un exalto cargo del CNIO fueron el catalizador que inició la investigación del Ministerio Público en noviembre.
Un entorno administrativo obsoleto y caótico
Bernabé, un experto en gestión administrativa con experiencia en organismos gubernamentales, llegó al CNIO con la intención de limpiar la institución. Sin embargo, se encontró con un ambiente administrativo obsoleto y caótico, donde la digitalización y la organización eran prácticamente inexistentes. Trabajos de mantenimiento y contratos estaban mal documentados o simplemente no existían en la realidad.
Irregularidades en contratos de mantenimiento
Una de las primeras investigaciones de Bernabé se centró en un contrato de mantenimiento con Eiffage Energía Sistemas, que incluía la contratación de 19 empleados por un total de 1,3 millones de euros. Al comprobar la presencia de estos operarios, Bernabé constató que siete de ellos nunca estaban en el centro. Este hallazgo llevó a una conversación reveladora con Javier de Dios, responsable de Gestión Técnica del CNIO, quien confesó que era un arreglo para que los empleados pudieran cobrar más, todo bajo las órdenes de Arroyo.
Denuncias a la Fiscalía y posibles beneficios ilícitos
Bernabé llevó este caso ante la Fiscalía Anticorrupción, y la Policía está investigando la posibilidad de que algunos de los empleados que no asistían al CNIO estuvieran trabajando en propiedades inmobiliarias de De Dios, siempre bajo la influencia de Arroyo. Según Bernabé, el dinero excesivo que se pagaba a Eiffage podría haberse utilizado para enriquecer a Arroyo y su grupo.
Vínculos personales y abuso de poder
Un empleado del CNIO conocido como «el mayordomo» era uno de los que trabajaba en la casa de Arroyo, realizando reparaciones y otras tareas. La situación evidenció una mezcla de corrupción y abuso de poder, donde se utilizaban recursos del CNIO para beneficios personales.
Contratos sospechosos en empresas locales
Bernabé también ha descubierto irregularidades en contratos con empresas de la región, algunas de ellas propiedad de ciudadanos ucranianos. Un empleado de estas empresas afirmó que una obra importante por 185.000 euros nunca se llevó a cabo. En total, se estima que hay hasta 9,5 millones de euros en contratos por servicios no realizados.
Gestión de propiedades inmobiliarias
Además, hay denuncias sobre la gestión sospechosa de inmuebles donados al CNIO para investigación, que han sido manejados de manera irregular. Bernabé se opuso a una venta de una casa en Galicia que estaba tasada en 300.000 euros, mientras que se pretendía colocarla por 100.000 euros. Tras detectar estas anomalías, decidió trasladar la gestión de los inmuebles a Segipsa, una empresa estatal.
Consecuencias laborales y ambiente hostil
Los esfuerzos de Bernabé por esclarecer las irregularidades llevaron a un ambiente de hostilidad creciente. Tras solicitar el cese de varios colaboradores vinculados a Arroyo, fue acusado de acoso por Laura Muñoz. Aunque la denuncia fue ignorada por falta de pruebas, la situación llevó a su dimisión.
Bernabé ha denunciado que los casos de acoso han sido utilizados en el CNIO como una herramienta para acorralar a aquellos que intentan hacer cambios. Ha cuestionado la legalidad de la contratación de Muñoz, quien fue nombrada secretaria general con un salario considerablemente superior al de sus colegas.
Ante toda esta serie de acusaciones, un portavoz del Ministerio de Ciencia ha afirmado el compromiso del departamento con la justicia y su intención de colaborar plenamente en la investigación.
