El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido un comunicado impactante sobre el sistema penitenciario mexicano, tras sancionar a José Antonio Yépez Ortiz, conocido como El Marro, líder del Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL). Esta medida se debe a su implicación en un esquema de robo de combustibles “a escala industrial” en la región de Guanajuato. A pesar de su detención en agosto de 2020 y su reclusión desde entonces, el Gobierno estadounidense afirma que El Marro aún dirige las operaciones del CSRL desde la cárcel.
En un pasaje del comunicado, se destaca que Yépez continúa ejerciendo su influencia al enviar instrucciones a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares. Desde 2024, El Marro está recluido en la cárcel federal de Durango, tras ser trasladado desde el penal del Altiplano, un movimiento que no fue informado públicamente por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Estas declaraciones del Tesoro subrayan la ineficacia del Estado mexicano para controlar sus cárceles, incluso las de mayor seguridad. Se plantea una idea común en América Latina: las prisiones se han convertido en “universidades del crimen”, donde los reclusos establecen redes delictivas entre ellos. En el caso de México, muchas cárceles se utilizan también para operaciones de extorsión telefónica, lo que refleja el fallido intento del Estado por restringir el uso de celulares en estas instituciones.
El comunicado advirtió que desde prisión, El Marro ha formado alianzas con el Cartel del Golfo para combatir la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha incursionado en Guanajuato desde Michoacán y Jalisco. La lucha por el control de los ductos de Pemex ha dejado un rastro de violencia en esta región desde hace más de siete años.
Aunque la detención de Yépez y sus cómplices parecía haber debilitado al CSRL, la reciente liberación de su hijo, Luis Antonio Yépez, en agosto de 2024, y la nueva alianza con el Cartel del Golfo han reavivado la influencia del grupo en Guanajuato. La situación actual plantea preguntas sobre la capacidad de las autoridades penitenciarias para restringir la actividad de los líderes criminales tras las rejas.
Desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia en octubre de 2024, ella y el vocero del Gabinete de Seguridad, Omar García Harfuch, han comunicado regularmente sobre el número de detenciones, que asciende a casi 40,000. Sin embargo, el caso de El Marro pone en duda la efectividad de estas acciones, mostrando que el encarcelamiento de líderes criminales no necesariamente se traduce en una reducción de la actividad delictiva o de la violencia.
Recientemente, más de 50 criminales fueron trasladados de cárceles mexicanas a Estados Unidos, lo cual ha reavivado el debate sobre el control de los grupos delictivos. Un caso destacado es el de Abigael González Valencia, conocido como El Cuini, quien mientras estaba en prisión, formó alianzas con otros reclusos, influyendo en investigaciones criminales relacionadas con el caso Ayotzinapa. Su extradición a EE.UU. subraya el impacto que pueden tener los líderes criminales, incluso tras las rejas.
La situación en Nuevo Laredo también refleja esta problemática. Los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, antiguos líderes de Los Zetas, han sido mencionados como quienes aún controlan, desde prisión, al Cartel del Noreste. Sin embargo, un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística indica que Nuevo Laredo ha mejorado en términos de percepción de seguridad, lo que ha generado debates sobre el actual estado del crimen en la región.
