Durante los últimos tres meses, un fallo acelerado de tres páginas emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela ha sido la base legal que sostiene a Delcy Rodríguez en la presidencia. Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta principios de 2026, asumió el cargo de presidente interina gracias a una medida cautelar «urgente y preventiva» tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero por un comando enviado desde EE.UU. De este modo, el chavismo logró, con el respaldo de Donald Trump, dotar de una apariencia legal a su continuidad en el poder.
Legitimidad y Crisis Política
El gobierno venezolano enfrenta nuevamente una crisis de legitimidad, pero no se contempla la convocatoria a elecciones. El Tribunal Supremo, que ha sido sumiso al Ejecutivo durante años, calificó la ausencia de Maduro como una «ausencia forzada», un término que no se encuentra en la Constitución y que reabre el debate sobre el marco legal que respalda la presidencia de Delcy Rodríguez.
“El pecado original reside en esa sentencia”, afirma Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central de Venezuela. “Esta decisión es evasiva y evita deliberadamente calificar la situación como una vacante permanente o temporal. Etiquetarla de una manera u otra activaría plazos constitucionales: 90 días, ampliables, en caso de ausencia temporal, o elecciones en 30 días si se trata de una vacante permanente. Es innegable que una vacante permanente ya existe, ya que no es razonable esperar el regreso de Maduro”, añade el académico.
Audiencias Judiciales y el Papel de EE.UU.
La semana pasada, Nicolás Maduro y su esposa tuvieron su segunda audiencia en el tribunal de Nueva York, donde enfrentan cargos por narcoterrorismo. Sus abogados intentaron desestimar el caso, argumentando que los acusados no podían pagar su defensa legal debido a que el Departamento del Tesoro de EE.UU. tenía congelados sus activos. El juez Alvin Hellerstein rechazó la moción, y el caso avanza.
La sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela establece que la juramentación de Delcy Rodríguez no constituyó “una decisión sustantiva sobre la clasificación legal definitiva de la vacante presidencial (temporal o permanente)”. La corte dejó explícito que, hasta nuevo aviso, la vida institucional del país depende de esas tres páginas, generando una incertidumbre legal que permanecerá sin resolver por ahora.
Demandas de Elecciones
Mientras tanto, en las calles, partidos políticos protestan para exigir un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y la convocatoria a elecciones. Sin embargo, esta cuestión rara vez es abordada por funcionarios de EE.UU. o de Venezuela. La ONG Provea advirtió que la extensión de la presidencia interina de Rodríguez debe tener un límite. Destacó que el silencio del Tribunal Supremo sobre su permanencia no es “una omisión neutral”, sino una “decisión política”.
Según la Constitución, los períodos en que el vicepresidente ejecutivo puede asumir temporalmente la presidencia son de hasta 90 días por vacante temporal, extensibles por otros 90, con un máximo absoluto de 180 días. “El primer período ya ha expirado. Después de 90 días, la Asamblea Nacional puede declarar una vacante permanente. Luego de 180 días, está obligada a hacerlo, lo que requeriría convocar a elecciones en 30 días”, señala Provea. Según este marco, el segundo y último período de Rodríguez debería expirar el 5 de julio.
Reestructuración del Gabinete
En estos tres meses, Delcy Rodríguez ha renovado más de la mitad del gabinete que heredó de Maduro y busca recastigar su liderazgo como aliada de EE.UU. y promotora de la convivencia democrática en el país. Para ello, aprobó una ley de amnistía y ordenó la liberación de decenas de presos políticos —un proceso que aún está incompleto.
A principios de la Semana Santa, apareció en un evento público donde se exhibían carteles con el lema “Delcy, avanza, tienes mi confianza” en tonos azules y claros, en lugar del característico rojo del chavismo. Esto se interpretó como una señal de que la presidenta está en modo de campaña. Rodríguez ha comenzado a depurar figuras clave leales a Maduro, aunque no está claro si esto forma parte de una transición con el visto bueno de Washington o simplemente un reordenamiento interno dentro del chavismo.
Entre los cambios más destacados está la destitución de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, operativos clave del chavismo, que ahora se encuentran alejados de la estructura oficial. Saab lidera un programa gubernamental para promover las tradiciones culturales venezolanas.
Asimismo, sigue pendiente la renovación del cuerpo de magistrados del Tribunal Supremo, que se enfrenta a un tipo de parálisis operativa, advierte Apitz, quien señala que el tema es más político que legal. La posible convocatoria a elecciones también está en espera. “Cuando el gobierno de EE.UU. lo ordene, se llevarán a cabo elecciones. EE.UU. no reconoce a Nicolás Maduro y solo reconoce a Delcy Rodríguez de forma circunstancial”, enfatiza Apitz. “Sin embargo, hay una enorme presión de empresas petroleras y mineras por una certeza política y legal que les permita realizar las inversiones esperadas. Estas compañías ven un polvorín social en Venezuela que podría estallar en cualquier momento. Por eso, la fecha de esas elecciones será el certificado de defunción del chavismo.”
