La Defensoría del Pueblo ha elevado su voz en rechazo a los recortes presupuestales que el Gobierno y el Congreso planean implementar para 2025. En la última sesión del Senado, que se llevará a cabo el jueves, se debatirá una propuesta que destina 1,19 billones de pesos (aproximadamente 306 millones de dólares) a la entidad encargada de salvaguardar los derechos humanos. Este monto representa una reducción de unos 60.000 millones de pesos (cerca de 15 millones de dólares) con respecto al presupuesto actual.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, ha advertido en Caracol Radio que este recorte tendrá un impacto severo en áreas esenciales. «Tendrá un efecto gravísimo en las comunidades que acompañamos, no solo en conflictos armados, sino también en violencia contra la mujer, servicio penitenciario y defensa pública», señaló.
Es importante destacar que la cifra propuesta en el Senado es aún inferior a la presentada por el Gobierno en julio, que ascendía a 1,21 billones de pesos (aproximadamente 312 millones de dólares). Esta disminución no solo ignora los llamados de la Defensoría, sino que además aumenta el recorte. Marín expresó su descontento en un mensaje público: «La decisión que el Congreso se dispone a adoptar es, por lo menos, desconcertante: ¿Cuál es la prioridad que le da el Gobierno y el Congreso a la labor independiente de promoción y defensa de los derechos humanos?», cuestionó.
La Defensoría, que había solicitado 1,34 billones de pesos (cercano a 344 millones de dólares) para 2026, justificó esta cifra considerando la inflación prevista (alrededor del 5%) y la necesidad de monitorear las elecciones del próximo año, en vista del aumento de amenazas. Esta diferencia de 151.000 millones de pesos (alrededor de 38 millones de dólares) implicaría recortes en el Sistema de Alertas Tempranas, afectando el seguimiento de violaciones de derechos humanos de líderes sociales y la capacidad para proteger a candidatos y votantes en las elecciones.
Otro sector que sufrirá por la reducción presupuestaria son los equipos de atención a víctimas de violencia de género. Marín mencionó que se había trabajado para que cada región contara con una abogada y una psicóloga, pero que lamentablemente se verán obligados a reducir estos recursos, a pesar del incremento de la violencia de género. Además, subrayó la necesidad de inversiones en infraestructura, mencionando que las sedes de San Andrés y Putumayo deben ser reubicadas debido a su ubicación en zonas de riesgo de desastres.
Una cuestión inquietante es si existe una motivación política detrás de estos recortes presupuestales. A pesar de la crisis fiscal que enfrenta el Estado, otras entidades de control como la Procuraduría y la Contraloría no han sufrido recortes similares. Marín, quien asumió el cargo tras ser designada por el presidente, ha mostrado su independencia al cuestionar al Gobierno en diversas ocasiones. Ha criticado las declaraciones del mandatario sobre mujeres periodistas y la designación de personas con antecedentes de violencia en cargos altos.
Recientemente, Marín ha evadido las especulaciones sobre posibles represalias por parte del Gobierno, afirmando: «No sé si las coincidencias existen. Hay que preguntarle al Gobierno». Sin embargo, su postura refleja una creciente tensión. «Espero que el Gobierno entienda que [hacer pronunciamientos críticos] es mi función constitucional”, enfatizó en W Radio, indicando que su independencia es crucial para la defensa de los derechos humanos. Además, ha lamentado la falta de comunicación con el Ejecutivo, señalando que ha intentado sin éxito dialogar con altos funcionarios.
