La controversia en torno al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en México ha centrado la atención en la Cooperativa Pascual. Mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum argumenta que este incremento busca disminuir el consumo de azúcar y mejorar la salud pública, la cooperativa advierte que esta medida podría poner en peligro su estabilidad financiera, el empleo de sus trabajadores y la cadena de producción que sostiene a numerosas familias.
El Gobierno federal defiende el IEPS como una herramienta “saludable” para hacer frente a problemas de sanidad pública, tales como la diabetes y la obesidad. No obstante, especialistas han puesto en duda la efectividad de esta medida y alertan sobre sus posibles repercusiones.
La doctora Elba Jiménez Solares, coautora del libro Impuesto a las bebidas azucaradas: ¿la regulación actual del IEPS es eficiente, coherente y cumple su fin extrafiscal? y profesora del posgrado de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM, señala que el problema de la salud no se soluciona con un impuesto, sino que requiere de estrategias integrales que incluyan alternativas saludables de alimentación y educación para la población.
La Cooperativa Pascual y su solicitud
En el centro del debate sobre el aumento del IEPS a las bebidas azucaradas se encuentra la Cooperativa Pascual, una destacada empresa del sector refresquero mexicano. Fundada en los años treinta, la cooperativa se formó tras una huelga decisiva en mayo de 1982, cuando los trabajadores consiguieron convertir la empresa en una asociación autónoma. La Cooperativa Pascual produce jugos y refrescos utilizando fruta natural y caña de azúcar de origen mexicano, lo que la pone en desventaja frente a grandes multinacionales que utilizan endulzantes más económicos.
Por esta razón, la cooperativa ha solicitado un trato fiscal diferenciado, proponiendo que se mantenga el actual IEPS de 1,64 pesos por litro para productos elaborados con insumos naturales y locales, destacando su contribución a la generación de empleos formales en las comunidades.
La cooperativa advierte que un incremento superior a tres pesos por litro afectaría gravemente su competitividad, ya que actualmente solo posee el 2% del mercado refresquero mexicano, en contraste con el 98% dominado por gigantes como Coca-Cola y Pepsi.
Posición del Gobierno de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su apoyo hacia la Cooperativa Pascual. En una conferencia matutina el pasado 7 de noviembre, mencionó que su administración “quiere mucho a la cooperativa” y que se llevarán a cabo negociaciones sobre el incremento del impuesto. Desde entonces, se han anunciado mesas de diálogo entre la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Salud y la cooperativa para analizar alternativas.
Sin embargo, Jiménez Solares considera poco probable que el Gobierno modifique la ley del impuesto, dado que el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación ya contempla su implementación y proyecciones de recaudación. También advierte que un cambio en la legislación podría abrir la puerta a negociaciones similares por parte de otras empresas.
Contexto del IEPS y su justificación
El IEPS grava productos considerados no esenciales, como alcohol, tabaco y bebidas azucaradas, con el objetivo de desincentivar su consumo. En México, este impuesto se implementó en 2014 con una cuota de un peso por litro para bebidas azucaradas, y el Gobierno ha anunciado un incremento a 3,08 pesos por litro a partir de 2026, abarcando incluso bebidas light y cero azúcar.
Esta medida se presenta en un contexto donde el consumo promedio es de 166 litros de refresco por persona al año, y se estima que uno de cada tres nuevos casos de diabetes mellitus se relacionan con el consumo de estas bebidas, según la Secretaría de Salud.
Aunque la medida busca frenar problemas de salud pública, Jiménez Solares señala que desde la implementación del impuesto en 2014 solo se ha observado una disminución en el consumo durante su primer año; desde entonces, el consumo ha crecido.
El panorama sanitario refrenda esta preocupación. De acuerdo con el INEGI, la diabetes mellitus fue la segunda causa de muerte en México en 2024, con más de 112.600 defunciones, y cuatro de cada diez niños y adolescentes en edad escolar presentan sobrepeso y obesidad, según un estudio de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Incertidumbre sobre el destino del IEPS
Una de las inquietudes que surgen con el aumento del IEPS es la falta de claridad sobre el uso de los fondos recaudados. Jiménez Solares enfatiza que no se establece en el presupuesto de egresos un rubro específico para programas de prevención de diabetes u obesidad, lo que genera dudas sobre si realmente se destinarán recursos a combatir estos problemas de salud pública.
“El tema de la atención a la salud no se combate solo con cobrar impuestos”, resalta. “Para abordar la obesidad y la diabetes, es esencial implementar políticas integrales que aseguren el acceso a educación alimentaria y la disponibilidad de alimentos saludables y asequibles”, concluye.
